
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves la liberación de cinco ciudadanos españoles en Venezuela por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez, una decisión que, a juicio del jefe del Ejecutivo español, abre una vía para la reconciliación política y social en el país sudamericano tras semanas de máxima tensión institucional. La excarcelación se produce después de la intervención militar de Estados Unidos y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, un episodio que ha alterado profundamente el escenario político venezolano y que ha tenido un impacto directo en la situación de los presos políticos y extranjeros.
“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha valorado la puesta en libertad como “un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”. El presidente del Gobierno ha acompañado ese mensaje del comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en el que se subraya que la decisión forma parte de un proceso más amplio de excarcelación de presos venezolanos y de otros países y se interpreta como “un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.
Las declaraciones de Sánchez se producen, además, en un contexto delicado para la diplomacia española, después de que el propio presidente calificara en los últimos días de violación del Derecho Internacional la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. En ese marco, el Gobierno español ha querido diferenciar la valoración jurídica de la intervención militar del respaldo a cualquier medida que suponga un alivio humanitario y un avance en materia de derechos fundamentales.

Los cinco liberados
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el encargado de concretar la identidad de los ciudadanos españoles excarcelados. En declaraciones a RNE, Albares ha detallado que los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 tras ser acusados por las autoridades venezolanas de participar en un presunto complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, arrestado el pasado mes de junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas; Ernesto Gorbe Cardona, detenido en diciembre de 2024; y la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano.
Cada uno de estos casos había sido objeto de seguimiento por parte de la diplomacia española durante meses, en un contexto marcado por la opacidad judicial y la ausencia de información clara sobre las causas abiertas contra los detenidos. La situación de San Miguel, arrestada en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país, había generado una especial preocupación entre organizaciones internacionales por tratarse de una figura destacada de la sociedad civil venezolana.
Albares ha explicado que ha podido hablar personalmente por teléfono con los cinco liberados, y que todos ellos “se encuentran bien”. Según el ministro, los ciudadanos españoles ya han contactado con sus familias desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecen bajo protección diplomática, y está previsto que lleguen a España hacia el mediodía de este viernes, una vez completados los trámites necesarios.
Un gesto político en un contexto de transición
Desde el Ejecutivo español se insiste en que la liberación de los cinco ciudadanos no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una liberación más amplia de presos anunciada por las nuevas autoridades venezolanas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había hablado en días previos de la excarcelación de un “número importante” de reclusos como gesto unilateral de paz, en un intento de rebajar la tensión interna y proyectar una imagen de apertura en el arranque del nuevo Ejecutivo.
El Gobierno español ha evitado valorar en términos políticos el alcance de esa medida, pero sí ha subrayado que cualquier avance en la liberación de presos y en el respeto de los derechos humanos debe ser interpretado como un paso en la buena dirección. En su comunicado, Exteriores señala que seguirá trabajando para garantizar la seguridad y la asistencia consular de los ciudadanos españoles y para verificar la situación del resto de personas con nacionalidad española o doble nacionalidad que permanecen privadas de libertad en Venezuela.
Las gestiones para lograr estas excarcelaciones se habían intensificado en los últimos meses, después de que el propio Gobierno reconociera en respuestas parlamentarias que entre 14 y 20 personas con nacionalidad española o doble nacionalidad se encontraban detenidas de manera arbitraria en el país. La liberación de estos cinco ciudadanos supone, por tanto, un primer avance en un expediente más amplio que sigue abierto para la diplomacia española.
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