
La decisión de la Real Academia Española (RAE) de incorporar el término ‘mena’ a su diccionario ha generado un profundo malestar entre organizaciones sociales que trabajan con población migrante. Una de las reacciones más contundentes ha llegado desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que ha manifestado su “profunda preocupación y rechazo” ante lo que considera una legitimación institucional de un término cargado de connotaciones estigmatizantes hacia la infancia migrante no acompañada.
La institución académica ha incluido ‘mena’ entre las novedades de su obra normativa con la siguiente definición: “Inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él. Úsase a veces en sentido despectivo”. Una formulación que, lejos de tranquilizar a la asociación, ha reforzado su crítica, al entender que la RAE ha optado por asumir y normalizar un uso social problemático sin ofrecer un marco explicativo que lo cuestione.
Desde la entidad recuerdan que el término nació como una sigla técnica —Menores Extranjeros No Acompañados— empleada durante años en el ámbito de la administración pública, los servicios sociales y las políticas de protección de menores. Su finalidad, subrayan, era estrictamente descriptiva y funcional, sin carga ideológica ni intención de etiquetar o deshumanizar. En ese contexto, ‘mena’ era un acrónimo operativo, utilizado en informes, protocolos y documentos oficiales para identificar una realidad administrativa concreta.
Sin embargo, la asociación advierte de que esa neutralidad inicial se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, a medida que el término ha abandonado los despachos técnicos y se ha instalado en el debate político y mediático.
La deriva del término en el debate público
En su comunicado, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes sostiene que, en los últimos años, la palabra ha sido “apropiada y resignificada” por determinados sectores políticos y mediáticos, “especialmente vinculados a la extrema derecha”. Ese proceso, aseguran, ha transformado una sigla administrativa en una etiqueta deshumanizante, utilizada de forma recurrente para asociar a los menores migrantes no acompañados con la delincuencia, la inseguridad o el conflicto social.

La entidad denuncia que este uso reiterado ha contribuido a fijar en el imaginario colectivo una visión distorsionada y simplificada de miles de niños y niñas que llegan solos a España, obviando sus trayectorias vitales, sus derechos como menores y las circunstancias extremas que rodean sus procesos migratorios. A su juicio, la normalización del término en estos contextos ha servido para alimentar discursos excluyentes y para despojar a estos menores de su condición de sujetos de derechos.
En este escenario, la inclusión del término en el diccionario de la RAE supone, según la asociación, un punto de inflexión preocupante. “La lengua no es inocente y las instituciones lingüísticas tampoco cuando deciden qué usos legitiman”, advierten. Desde su perspectiva, la Academia no se limita a constatar un uso social, sino que, al recogerlo en una obra de referencia, le otorga una legitimidad que trasciende el plano lingüístico.
El hecho de que el término aparezca en minúscula y con una mención explícita a su uso despectivo no atenúa, en opinión de la entidad, el efecto de su institucionalización. Por el contrario, consideran que esa fórmula “consagra” el término y le confiere una apariencia de normalidad y respetabilidad que ignora el daño simbólico que provoca.
Una oportunidad perdida para contextualizar
La asociación critica que la RAE haya pasado por alto el contexto social y político en el que el término se ha popularizado. Aseguran que la decisión ignora “deliberadamente” el impacto que este tipo de denominaciones tiene sobre un colectivo que ya se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, marcada por la ausencia de redes familiares, la precariedad y la exposición constante a discursos hostiles.
Desde la entidad sostienen que la Academia disponía de margen para actuar de otra manera. Entre las opciones que plantean, mencionan la posibilidad de contextualizar críticamente el término dentro de la definición, advertir de forma más clara sobre su carácter problemático o incluso rechazar su normalización como entrada autónoma. En lugar de ello, lamentan que se haya optado por una vía que “silencia décadas de trabajo académico y social” orientado a la defensa de los derechos de la infancia migrante.
El comunicado también pone el foco en la responsabilidad simbólica de la RAE como referente normativo del idioma. Para la asociación, las decisiones lexicográficas no son neutrales y tienen consecuencias reales en la forma en que la sociedad percibe determinadas realidades. Legitimar un término que ha sido utilizado como arma arrojadiza en el debate político, advierten, contribuye a consolidar prejuicios y a reforzar narrativas excluyentes.
Por todo ello, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes insta a la Real Academia Española a reconsiderar su decisión y a abrir un proceso de revisión crítica del término. En su propuesta, reclaman un diálogo con profesionales del ámbito migratorio, investigadores, entidades sociales y defensores de los derechos de la infancia, con el objetivo de abordar el uso del lenguaje desde una perspectiva más rigurosa, contextualizada y respetuosa con la realidad de los menores migrantes no acompañados.
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