¿Los cuerpos de seguridad deben informar sobre la nacionalidad de los detenidos? El debate entre alimentar prejuicios o ayudar a las estadísticas

Que los cuerpos de seguridad informen o no sobre la nacionalidad de los detenidos es un debate que lleva abierto desde 2015, cuando el Ministerio del Interior decidió que no era una medida necesaria y obligó a Policía Nacional y Guardia Civil a no hacerlo. Sin embargo, estas últimas semanas ha vuelto a renacer la controversia, gracias a que el Gobierno vasco ha decidido que la Ertzaintza sí tiene que ofrecer estos datos.

Sobre esta polémica han aparecido todo tipo de opiniones, en líneas muy diferentes y esgrimiendo argumentos para determinar si podría ser positivo o negativo: desde la ayuda que podría aportar a las estadísticas, a defender que sería una medida de control contra la discriminación ejercida por las policías, hasta considerarla una medida que solo va a alimentar los prejuicios hacia varias nacionalidades. Así se han pronunciado los partidos, el Gobierno, los sindicatos de Policía o asociaciones como Amnistía Internacional o la Unión Progresista de Fiscales.

Esta es una medida que Vox lleva años defendiendo y que ahora el PP también ha incluido entre sus objetivos. El nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, incluyó en su discurso un apartado para defender que “no hay que tener miedo a conocer el origen de quienes cometen los crímenes”. Un día más tarde, el 28 de noviembre, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, anunciaba que la medida se aplicaría en el ámbito nacional si llegan a la Moncloa.

Sin embargo, la visión del Ejecutivo central es diferente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó en una comparecencia en el Congreso que no va a “criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito”.

“La criminalidad no depende en gran medida de factores como la nacionalidad, el origen o la procedencia, sino de parámetros como la vulnerabilidad”, añadió Marlaska, subrayando que es importante velar por la “dignidad de las personas y no estigmatizar a ninguna persona por su origen”.

“Adoptar estrategias preventivas más eficaces”

Desde el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, defienden que “la transparencia es una herramienta esencial para fortalecer la confianza en las instituciones policiales”. “Informar con datos objetivos sobre la realidad de la delincuencia es un paso valiente que contribuye a un debate público más maduro y basado en hechos, no en percepciones o rumores”, señalan. Explican que “conocer el origen geográfico de los autores de los delitos, junto con otros factores estadísticos, permite identificar tendencias, planificar recursos y adoptar estrategias preventivas más eficaces”.

Sin embargo, esta medida “debe ir acompañada de una comunicación responsable”. De esta manera, defienden que “toda publicación de datos de seguridad se complemente con análisis comparativos, contexto social y criterios técnicos claros, de modo que la información sea útil para la sociedad y evite interpretaciones erróneas”.

La importancia en las estadísticas

En una línea parecida se mueve el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el de mayor representación entre los altos mandos del cuerpo. Su presidente, Daniel López, defiende en conversación con Infobae España que “se facilite esta información, pero siempre que se respete la legislación”.

En concreto, menciona la Ley 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. “Al final estos datos facilita la realización de las estadísticas” y, aunque “hay partidos de izquierdas diciendo que es para estigmatizar, puede aportar mucho a la sociedad”. “Lo consideramos una medida acertada que el Ministerio no quiere aplicar”, añade.

“Garantizar que no haya discriminación”

Por otra parte, desde Amnistía Internacional explican a este periódico que, aunque entienden que “estas peticiones van por otro lado”, ellos no ven “mal que se recojan los datos”, pero por una razón totalmente diferente: “Para garantizar que no haya discriminación, que no se persiguen perfiles raciales”.

“En la asociación nos guiamos por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que en el punto 11 recoge el comportamiento policial y se pide que España recoja los datos de raza y nacionalidad para garantizar que en el país no se está persiguiendo por discriminación”, explican.

Con estos datos “se demuestra que se hacen controles de identidad por sesgo racial, por el color de piel y no por el delito” y se puede ver que “hay una parte de la población hipervigilada, ya que no es que tengan más faltas”. “Esto se vio claro cuando se dejaron de recoger los datos en 2015: las paradas por la calle se disparaban contra la gente migrante y se dejó de informar”, concluyen.

“Alimentar prejuicios y generar climas de sospecha”

Una opinión radicalmente opuesta es la esgrimida por la Unión Progresista de Fiscales, que en un comunicado ha trasladado “su profunda preocupación” si se llegara a aplicar esta medida. “Se trata de una iniciativa técnicamente ineficaz, jurídicamente cuestionable y socialmente peligrosa, por cuanto altera principios básicos de convivencia, erosiona la cohesión social y contradice los estándares europeos e internacionales en materia de igualdad de trato, no discriminación y correcta gestión de datos sensibles”, aseguran.

Según estos fiscales, “la clasificación de personas detenidas por su nacionalidad no mejora la seguridad, ni ayuda a comprender las dinámicas delictivas, ni aporta herramientas útiles para las fuerzas y cuerpos de seguridad”; por el contrario, “lo que sí hace es alimentar prejuicios, generar climas de sospecha sobre colectivos enteros y favorecer la construcción de un relato de ‘ellos y nosotros’”.

Aparte de considerarla “una forma de discriminación indirecta”, añaden que “la nacionalidad no es un elemento explicativo del delito. Publicar datos descontextualizados genera una percepción errónea y amplifica injustamente la representación de determinados colectivos en las estadísticas policiales”.

Para ello, se apoyan en los datos del INE, que determinan que en España en 2023 el 72% de las personas condenadas fueron españolas y el 28% extranjeras. “A primera vista, esta proporción podría interpretarse erróneamente como un indicador de que la población extranjera delinque más. No es así”.

“No se trata de nacionalidad, sino de condiciones de vida”

En su explicación, estos fiscales aseguran que “la población extranjera supone aproximadamente el 14% del total, pero está compuesta mayoritariamente por personas jóvenes y en edad laboral. Esto es clave: la criminología demuestra que las franjas de edad más jóvenes concentran mayor porcentaje de conductas delictivas, con independencia del origen nacional”.

“Además, una parte significativa de la población migrante vive en situaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica, factores que los estudios internacionales identifican como determinantes en la exposición al delito, no solo como autores, debemos recordar, también como víctimas. No se trata de nacionalidad, sino de condiciones de vida”, agregan. Esto demuestra, según “los expertos, la evidencia empírica y los organismos europeos”, que “la inmigración no está aumentando la delincuencia en España. De hecho, España mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea”.

“La estadística, bien explicada, sugiere conclusiones muy distintas a las que algunos discursos quieren promover: el origen nacional no es un factor explicativo útil de la delincuencia, y destacar la nacionalidad en la información policial solo contribuye a la estigmatización, no a la seguridad”, concluyen.