La Justicia gallega anula la resolución de la Xunta que le denegó a una asociación en defensa de los derechos LGTBI+ la declaración de utilidad pública

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual de A Coruña (ALAS A Coruña) contra la resolución de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes que le denegó la declaración de utilidad pública.

Dicho reconocimiento, según explican los magistrados en la sentencia, tiene por finalidad estimular la participación de la asociación “en la realización del interés general”, y conlleva “una calificación especial, una declaración formal que reconoce, oficialmente, el beneficio para la colectividad de los fines perseguidos por esa asociación y sus actividades”. Por ese motivo, indican que se considera una medida de fomento, pues genera beneficios fiscales.

Desde la asociación, su presidenta, Ana G. Fernández, destaca que el fallo “es un motivo de celebración para toda la comunidad LGTBI+. Confirma que nuestro trabajo tiene impacto real y que nuestro compromiso con el interés general está acreditado desde hace años”.

Sin embargo, recuerdan que “la resolución no es todavía firme y que la Xunta dispone de la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, pero, de materializarse, “ALAS A Coruña se convertiría en la primera entidad LGTBI+ de Galicia en alcanzar este reconocimiento, un hito especialmente relevante tras un proceso iniciado en noviembre de 2023″.

La AEAT emitió un informe desfavorable

Y es que la controversia que ha culminado ahora con esta sentencia comenzó justo ese mes, cuando la asociación solicitó formalmente su declaración como entidad de utilidad pública. La organización, inscrita en el Registro Central de Asociaciones y con una trayectoria consolidada en la defensa de los derechos LGTBI+, aportó la documentación exigida: memorias de actividad, cuentas anuales y una relación detallada de sus programas educativos, sociales y culturales.

Con una base de 93 socios, dos trabajadores contratados y más de una treintena de voluntarios, ALAS defendía que su labor trascendía ampliamente el ámbito interno y repercutía de forma tangible en la comunidad coruñesa.

El expediente fue remitido por la Xunta al Ministerio de Hacienda, tal como exige la normativa, para que la Agencia Estatal de Administración Tributaria evaluara si la asociación cumplía los requisitos de interés general establecidos en la Ley Orgánica de Derecho de Asociación.

A finales de diciembre de 2023 la AEAT emitió un informe desfavorable. Aunque reconocía las actividades desarrolladas por ALAS —entre ellas talleres de diversidad afectivo-sexual, el Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia, apoyo a personas migrantes LGTBI+ y la organización de espacios de encuentro abiertos al público—, concluía sin mayor argumentación que la entidad no había acreditado suficientemente el beneficio social ni el impacto general de su labor.

Con base en ese informe, la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Presidencia elaboró en marzo de 2024 una propuesta de resolución negativa. La asociación presentó alegaciones defendiendo que sus actividades estaban abiertas a toda la ciudadanía y que su intervención en el espacio público —incluida su participación como acusación popular en el conocido caso del asesinato de Samuel Luiz con agravante de LGTBIfobia ocurrido en el paseo marítimo de A Coruña— evidenciaba su contribución al interés general. Pese a ello, el 12 de abril de 2024 la Xunta resolvió denegar la declaración solicitada, decisión que fue confirmada meses después al desestimarse el recurso de reposición interpuesto por ALAS.

La organización acudió entonces a la vía judicial y, en octubre de 2024, registró su recurso ante el TSX de Galicia. La demanda denunciaba la falta de motivación del informe de la AEAT, la dependencia automática de la Administración autonómica respecto de ese criterio y la posible vulneración del derecho a la igualdad.

La decisión “se emitió sin comprobar la realidad de la actividad de la asociación”

Sin embargo, el TSXG ha concluido en la sentencia que el informe de la AEAT carece de motivación suficiente, ya que reconoce que la asociación desempeñó servicios y actividades como los que describe en la memoria para, a continuación, “sin una explicación mínima de sus razones, negarle que hubiera acreditado el beneficio social derivado de esas actividades”.

A ello, añade que es “incongruente”, pues entiende que ALAS demostró cumplir los requisitos legales, pues desarrolla actividades “no restringidas a beneficiar a sus asociados, sino abiertas a cualquier otro posible beneficiario”, y destaca que sus fines estatutarios “tienden a promover el interés general”. La Sala asegura que el contenido del informe de la AEAT “confirma, con un alto nivel de probabilidad, que se emitió sin comprobar la realidad de la actividad de la asociación, de espaldas a esa realidad y con un automatismo que habría ocasionado, sin duda, una decisión arbitraria”.

En este sentido, ALAS A Coruña subraya que la obtención de la utilidad pública permitirá reforzar la confianza de la ciudadanía, las instituciones y el tejido empresarial: “La utilidad pública es un ejercicio de transparencia que refuerza nuestra credibilidad. Esperamos que este paso anime a más personas y entidades a colaborar con nuestra misión de construir una Galicia más diversa e igualitaria”, afirma Ana G. Fernández.