Hasta seis ministros, todos de la parte socialista, no estarán presentes en la última sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, que estará marcada por las preguntas sobre las denuncias anónimas de acoso y abuso sobre Paco Salazar y su gestión fallida por parte del PSOE.
El Partido Popular ha censurado lo que considera una “espantada” y centra sus críticas en especial en las ausencias de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, a quienes acusan de haber ”protegido" durante meses al exasesor del presidente del Gobierno y socialista sevillano. “Las ausencias de estas dos ministras suponemos que se deben a no querer hacer frente al escándalo que afecta al que hasta hace cuatro días consideraban su compañero”, han denunciado fuentes del PP.
Cuando estalló el escándalo, Pilar Alegría quiso mostrarse contundente tachando de “vomitivas” las “expresiones” sexuales de Salazar. Un mes antes de estas declaraciones, cuando ya habían pasado tres desde la primera denuncia, Alegría y Salazar fueron fotografiados en un restaurante en Madrid. Fue una comida que, defiende la ministra de Educación, se limitó al “ámbito personal”.
El resto de ministros, Sara Aagesen, Carlos Cuerpo, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Óscar Puente también esquivarán el Congreso hasta febrero, momento en el que se reanudará la actividad parlamentaria tras el parón navideño.
Cuatro meses en contactar con las víctimas
Aunque consideran que no ha habido intención de ocultar el caso ni de restar credibilidad al testimonio de las denunciantes, el PSOE ha defendido que desde que se conocieron las primeras informaciones por el presunto acoso a mujeres de Salazar, en el mes de julio, se le cesó de manera “fulminante” y se le dio la baja del PSOE.
Pero lo cierto es que el partido tardó demasiado en tomar cartas en el asunto. Concretamente, cuatro meses en contestar a las mujeres que dieron el paso de contar su caso a través del canal interno y además el expediente llegó a desaparecer de la plataforma informática donde se registran los avances. Salazar desempeñó varios cargos en Moncloa durante la etapa de Sánchez y en el momento en que estalló el caso era secretario de Coordinación Institucional y tenía asiento en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Análisis y Acción Electoral. Antes de conocerse las informaciones sobre las denuncias, Salazar iba a ser nombrado por el Comité Federal como adjunto a la Secretaría de Organización, el equipo que iba a suplir a Santos Cerdán.
En el partido explican que el expediente “no se ha borrado ni ha desparecido” y aseguran que continuarán con la investigación hasta el final. De hecho recalcaron que seguirán adelante aunque Salazar ya no sea militante socialista, puesto que se dio de baja la semana pasada. Pero ya hay mucho malestar entre las federaciones socialistas, que han presionan a Ferraz por su inacción y piden derivar su caso a la Fiscalía.
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