La Unión Europea se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática para el año 2050, con una economía que produzca cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Para ello, es clave tener unos suelos sanos que contribuyan a frenar la desertificación y preservar la biodiversidad y la salud humana. En aras de lograr estos objetivos, el Consejo Europeo aprobó el mes de septiembre su Directiva de Vigilancia del Suelo, el primer marco a nivel europeo de evaluación y vigilancia de la tierra.
La normativa insta a los Estados miembros a establecer sistemas de vigilancia para evaluar el estado físico, químico y biológico de los suelos en su territorio, basados en una metodología común de la UE. También a tomar medidas para el control de contaminantes de preocupación emergente como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), los plaguicidas y los microplásticos.
Si bien son los Gobiernos los que deben cargar con el monitoreo de los suelos, sin cargas económicas para los agricultores, estos se verán afectados directamente por la normativa, dedicada al centro de su trabajo. La propia UE indica que la degradación del suelo “se ve agravada por la gestión insostenible del suelo”, en parte por “la sobreexplotación” de los terrenos.
¿Cómo afecta la directiva a los agricultores?
La Directiva de la Vigilancia del Suelo busca, en parte, controlar la posible contaminación del suelo a partir de derivados de las actividades agrícolas. En el artículo II de la normativa, se establece que los Estados "animarán y apoyarán a los propietarios y administradores de tierras" a proteger y mejorar la resiliencia del suelo, "y darán facilidades para que los propietarios y administradores de tierras hagan dichas mejoras“. En ese sentido, los agricultores deben tener acceso a un asesoramiento imparcial e independiente para informarse y formarse sobre prácticas de protección del suelo y los beneficios de las mismas.
Las disposiciones relativas a la vigilancia de la salud del suelo "no imponen una carga financiera a los propietarios y administradores de tierras distintos de los Estados miembros y las autoridades competentes“, insiste la directiva. De hecho, se establece que los Estados deben valorar las necesidades técnicas y financieras necesarias para mejorar la salud y resiliencia del suelo, además de colaborar con los propietarios de las tierras en esta tarea. Además, los datos sobre la vigilancia del suelo deben hacerse públicos y comunicarse a los agricultores que lo soliciten.
Eso sí: quien contamina paga. La directiva advierte de que, ante contaminación derivada de actividades agrícolas, si se identifica al responsable, este deberá asumir los costes de investigación del suelo, evaluación de los riesgos, gestión y saneamiento. Para ello, se establecerá una jerarquía o una cadena de responsabilidad, que ayudará a determinar la persona física o jurídica responsable.
¿Cuándo entra en vigor?
Aunque la directiva fue aprobada en el mes de septiembre, todavía hay tiempo para que los países la apliquen. La Unión Europea ha dado tres años a los Estados miembros para incorporar la nueva normativa a su Derecho interno. Por lo tanto, tienen margen hasta el año 2028 para empezar a aplicar estas nuevas normas en sus territorios.
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