No pagar las multas de aparcamiento a tiempo puede acarrear consecuencias económicas muy serias para cualquier ciudadano. Esta realidad ha afectado de pleno a Carmen y su hija Juana, residentes en Encamp, Andorra. Tras años acumulando sanciones de tráfico y no abonar las cantidades reclamadas por la administración por distintas infracciones de estacionamiento, ambas se han visto sometidas a un embargo de 2.700 euros que las ha dejado con solo tres euros en su cuenta corriente.
Según recoge el diario Altaveu, inconveniente ha llegado en uno de los momentos más delicados para esta familia, ya que Juana acaba de ser madre y recientemente ha perdido su empleo. Ambas critican la falta de flexibilidad del ayuntamiento para afrontar el pago de la deuda. No haber hecho frente al pago adelantado les ha salido muy caro.
Embargo en un momento complicado
La situación de Carmen y Juana muestra las complicaciones a las que se enfrentan las familias vulnerables al afrontar procesos de embargo derivados de deudas por sanciones administrativas. La reciente maternidad de Juana y la pérdida de su empleo agravan una situación de precariedad, ahora acentuada por la imposibilidad de acceder a sus ahorros.
Ambas aseguran que nunca se negaron a asumir la deuda y que, en cuanto recibieron la notificación de embargo, realizaron la “petición de poderlo pagar de forma fraccionada”. Denuncian la lentitud de la burocracia y la exigencia constante de más documentación por parte de la administración, mientras intentan subsistir con la nevera vacía y un bebé de ocho meses a su cargo.
El caso de esta familia pone en el centro del debate si existe la necesidad de mecanismos más flexibles que permitan a las administraciones proteger sus derechos sin dejar sin recursos a personas en situación de vulnerabilidad. Carmen y Juana salieron este miércoles decepcionadas tras su visita a las dependencias comunales, conscientes de que cualquier sanción futura podría empeorar todavía más su situación.
Situación legal
La actuación administrativa se debe al prolongado impago de sanciones por infracciones de aparcamiento, alcanzando la deuda la cifra de 2.700 euros. La normativa vigente en Andorra establece que las corporaciones parroquiales pueden ejecutar embargos directos sobre las cuentas bancarias de los infractores una vez agotadas las vías ordinarias de recaudación.
En este caso, se siguió el procedimiento legalmente estipulado, iniciando la notificación del embargo durante el verano y actuando de igual manera que con cualquier otro ciudadano. Según fuentes comunales, la ley sobre multas contempla que el pago voluntario en los plazos indicados permite acceder a reducciones del 50% en el importe de las sanciones, a lo que las afectadas responden que no se ha cumplido.
Sin embargo, Carmen y Juana, a pesar de ser conscientes de la deuda, no la afrontaron cuando tenían capacidad para hacerlo, lo que provocó el crecimiento de la misma y la pérdida de la opción de bonificaciones. La administración también señala que, al ejecutar un embargo, desconoce el saldo existente en la cuenta, por lo que no puede prever el impacto económico exacto sobre la familia sancionada.
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