La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la subasta de los vehículos de alta gama embargados a Víctor de Aldama, considerado uno de los principales investigados en el conocido como ‘caso Koldo’. Entre las piezas que saldrán al mejor postor destaca un Ferrari de lujo, símbolo de un patrimonio bajo sospecha por las presuntas comisiones derivadas de contratos públicos durante la pandemia.
La decisión, adoptada por la Sala de lo Penal en un auto al que ha tenido acceso EFE, supone un revés para Aldama, que había recurrido la medida acordada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado 3 de junio y avalada por la Fiscalía. El empresario alegaba que los automóviles eran de su propiedad y que estaba dispuesto a mantenerlos en depósito, asegurando incluso que en algunos casos su valor podría revalorizarse con el tiempo.
Los jueces desmontan los argumentos de Aldama
El tribunal, sin embargo, no ha dado crédito a esta versión. En su resolución recuerda que el artículo 367 quáter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ampara la venta anticipada de bienes embargados siempre que se justifique por motivos económicos o de conservación. Y, a juicio de los magistrados, concurren ambos supuestos.
Por un lado, subrayan que los gastos de custodia y depósito de estos vehículos son “cuantiosos” para la Administración Pública, lo que genera un perjuicio evidente para las arcas del Estado. Por otro, recalcan lo obvio: que los coches, por exclusivos que sean, pierden valor con el paso del tiempo, independientemente de que se usen o permanezcan en un garaje.
“La realización anticipada va a ser mayor ahora que en un momento posterior”, concluye la Sala, advirtiendo que cuanto más se retrase la venta, menor será el importe con el que hacer frente a una eventual responsabilidad civil derivada de una sentencia condenatoria.
Los jueces van más allá y explican que, en algunos casos, los vehículos embargados se encuentran bajo régimen de renting, con lo que corresponde entregarlos a las entidades financieras que conservan un derecho de reserva de dominio sobre ellos.
La resolución también se cuida de responder a la acusación de que esta decisión pudiera vulnerar el derecho de presunción de inocencia de Aldama. La Sala niega tajantemente tal extremo: recuerda que la subasta anticipada tiene cobertura legal y que, en caso de que el empresario resultase finalmente absuelto, siempre tendría derecho a reclamar a la Administración el valor obtenido con la venta de sus coches.
Garantía de posibles responsabilidades civiles
El ‘caso Koldo’, que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares en contratos de adquisición de mascarillas y otro material sanitario en plena crisis de la covid-19, ha puesto en el foco a figuras como Aldama, considerado uno de los beneficiarios de aquella red. La imagen de un Ferrari y otros vehículos de alta gama subastados antes incluso de que haya una sentencia definitiva añade un componente de alto impacto mediático a una investigación ya de por sí cargada de relevancia política y social.
De este modo, el procedimiento judicial entra en una fase en la que los bienes del investigado no solo quedan inmovilizados, sino que pasan a convertirse en liquidez adelantada para garantizar el eventual pago de indemnizaciones o multas. El mensaje que lanza la Audiencia Nacional es claro: el lujo presuntamente financiado con dinero público no puede deteriorarse en un garaje mientras se decide la suerte judicial de su propietario.
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