Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga un grupo organizado que se dedicaba a la simulación de accidentes de tráfico, logrando así la obtención fraudulenta de indemnizaciones de compañías de seguro por un valor que asciende a 243.800 euros. La operación, bautizada como ‘Posto’, ha culminado con la detención de 32 personas, según recoge una nota informativa de la Policía Nacional.
La investigación surgió a raíz de la denuncia presentada por una agencia de detectives que, en representación de varias aseguradoras, detectó partes amistosos de accidentes con signos evidentes de ilicitud. El equipo especializado del Grupo I de Delitos Económicos de la UDEF/UDEV, perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, asumió la investigación.
Fraude profesionalizado y falsedad documental
Los agentes pusieron el foco en un patrón reiterado de siniestros fraudulentos, donde, durante un periodo de ocho meses, se habrían simulado siete accidentes implicando a personas vinculadas por lazos familiares, de amistad o vecindad. El entramado operaba con una estructura bien definida, en la que algunos participantes organizaban los siniestros, seleccionando a los implicados y gestionando toda la tramitación documental, mientras que otros accedían a participar y recibían un porcentaje de las compensaciones obtenidas.
La estafa se fundamentaba en dos vertientes complementarias. Por un lado, los principales impulsores del fraude buscaban la implicación directa de voluntarios para simular los accidentes. Por otro, esos accidentados también podían captar a nuevas personas para, de este modo, incrementar el número de implicados y, con ello, aumentar la suma de las indemnizaciones reclamadas. Toda la operación se apoyaba en la confección de documentos normalizados europeos de declaración amistosa de accidente, dotando de verosimilitud a siniestros que nunca ocurrieron realmente.
Elementos como la ausencia de intervención policial, la inexistencia de testigos y el uso de vehículos con daños previos formaban parte del modus operandi. Los involucrados rellenaban partes amistosos sin requerir la presencia de la Policía Local, quedando así eliminada cualquier posibilidad de verificación independiente.
En algunos casos, reparaban con cargo a las aseguradoras desperfectos que ya existían previamente, empleando para ello partes confeccionados ‘ex profeso’ para la estafa. Esta especialización y sofisticación llevó a los investigadores a definir la red como “un fraude profesionalizado y perfectamente orquestado, siguiendo el modelo de las empresas piramidales”.
Movimientos bancarios y sofisticación del entramado
La dimensión de la estafa llevó a la autoridad judicial a autorizar el rastreo de los movimientos bancarios de los sospechosos. El análisis minucioso de las transacciones evidenció cómo las cantidades cobradas en concepto de indemnización eran inmediatamente distribuidas entre las distintas cuentas de los participantes, en un reparto progresivo y escalonado.
Paralelamente, los investigadores sometieron a los implicados a seguimientos discretos para comprobar sus relaciones y actos, mientras que se analizaba la documentación relativa a todos los siniestros. Se recibieron datos tanto de las aseguradoras afectadas como de la Policía Local, empresas de alquiler de vehículos y de seguridad, arrojando luz sobre la auténtica magnitud de la trama.
Uno de los cambios detectados fue el incremento del número de ocupantes en cada siniestro, lo que buscaba justificar indemnizaciones más cuantiosas. Los agentes constataron que el grupo adquirió una confianza creciente en su actividad delictiva. Los líderes optaron por implicar a personas de un círculo más amplio, pasando a un segundo plano ellos mismos en la presentación directa de los siniestros. Esta evolución perseguía dificultar la vinculación directa con el fraude y multiplicar los beneficiarios.
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