La plataforma online de reserva de alojamientos, Booking, ha retirado un total de 4.093 anuncios de alojamientos turísticos en España tras recibir un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que detectó publicidad ilícita en la plataforma y exigió su retirada. La medida afecta principalmente a alojamientos situados en el archipiélago canario, aunque también ha supuesto la eliminación de anuncios en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha, según ha comunicado el propio departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La actuación del Ministerio forma parte de una ofensiva más amplia para reforzar el control sobre la publicidad de viviendas turísticas y garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de consumo y acceso a la vivienda. Consumo ha destacado la colaboración de Booking tras el primer envío del requerimiento, que supone la primera de un total de tres notificaciones. La retirada, según fuentes ministeriales, responde a la necesidad de que todos los anuncios publicados en grandes plataformas respeten las normas legales que rigen la actividad turística y no induzcan a engaño a los consumidores.
Nuevos controles ante el auge de anuncios ilegales y su impacto en el acceso a la vivienda
El ministro Pablo Bustinduy ha vinculado la proliferación de anuncios ilegales con las dificultades crecientes para acceder a la vivienda en distintos puntos del país, sobre todo en regiones con mayor presión turística. Bustinduy sostiene que la extensión masiva e incontrolada de estos alojamientos representa uno de los factores que impiden el acceso de la ciudadanía a una vivienda asequible, una situación que se ha agravado en los últimos años debido al auge de las plataformas digitales.
La intervención sobre Booking llega apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviera, mediante un segundo auto, desestimar el recurso presentado por Airbnb contra una orden anterior que obligaba a la retirada de 5.800 anuncios en esa plataforma. El auto judicial respalda la actuación administrativa y deja en suspenso las alegaciones de Airbnb, que sostiene que la resolución “no entra en el fondo del caso” y que las acciones del Ministerio “van en contra” de la normativa española vigente. Pese a estos argumentos, desde Consumo se recuerda que en mayo ya se instó también a Airbnb al bloqueo de casi 66.000 anuncios considerados ilegales.
El departamento de Bustinduy reitera que la ofensiva legal contra los anuncios irregulares responde a la protección de usuarios y el respeto a la normativa en vigor, cuyas exigencias suelen derivar de regulaciones autonómicas y legislaciones de carácter nacional.
Las infracciones detectadas en la publicidad de viviendas turísticas
Según las investigaciones del Ministerio, tanto en Booking como en otras plataformas, los anuncios eliminados suelen incurrir en tres tipos principales de infracciones. La primera, y la más extendida, es la ausencia de la obligatoriedad de incluir el número de licencia o registro del alojamiento, un requisito en la mayoría de normativas autonómicas españolas.
La segunda infracción radica en la falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador. Muchos anuncios no aclaran si la oferta proviene de un particular o de un profesional, lo que impide que los usuarios sepan si cuentan con la protección legal propia de los contratos de consumo.
El tercer tipo de ilícito detectado por el Ministerio consiste en la utilización de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades competentes. Esta práctica puede inducir a error o a confusión a los consumidores, que pueden pensar que el alojamiento posee los permisos necesarios cuando en realidad no es así.
A raíz de estas actuaciones, Consumo insta a las grandes plataformas de alquiler turístico a ejercer una vigilancia más estricta sobre los anuncios gestionados por terceros y a colaborar de manera proactiva con las autoridades. Además, recuerda que en un contexto de escasez de vivienda asequible y tensiones en los mercados locales, resulta fundamental salvaguardar los derechos de los consumidores y la legalidad de las viviendas ofertadas.
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