La tragedia del pasado 28 de mayo del cayuco que volcó en El Hierro a escasos metros de llegar a tierra, donde murieron tres niñas y cuatro mujeres, evidencia el coste humano de la migración en España y la vulnerabilidad de la infancia en estos trayectos, tal y como ha recordado este miércoles Save the Children en la presentación de su informe europeo Cruzando fronteras, donde revela fallos sistémicos en la identificación, acogida y tutela de niños, niñas y adolescentes a las puertas de la UE, “mientras los Estados miembros endurecen sus controles migratorios ante la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo”, prevista para junio de 2026.
Entre los problemas detectados, el informe destaca la detención automática y prolongada de menores, en ocasiones en centros para adultos, errores sistemáticos en la identificación de la minoría de edad, además de vulnerabilidades como la ausencia de personal especializado en infancia durante las primeras 24 horas y la cronificación de dispositivos provisionales abiertos en respuesta a crisis puntuales. A ello se suma, además, la violencia que sufren los menores migrantes tanto en ruta como en los puntos de entrada, incluyendo devoluciones en caliente y agresiones.
En ese sentido, la organización recuerda casos como el de Momo, un niño marroquí de 13 años que se lanzó al mar desde la playa de La Bocana, en Beni Enzar, hasta llegar a Melilla, donde las autoridades españolas le registraron como si tuviera 16 y fue sometido al procedimiento de la determinación de la edad.
“Momo había llegado desnutrido y con déficit de crecimiento y le registraron por error con tres años más, pero aún así menor de edad, porque muchos otros niños no tienen la misma suerte”, señala Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children, que explica que su caso ilustra la fragilidad de los menores que llegan solos “cuando fallan los protocolos de protección”.
Blindar fronteras “a costa de los derechos humanos”
Aunque el Pacto sobre Migración y Asilo no entrará en vigor hasta dentro de un año, recuerda la organización, muchos Estados miembros ya han modificado sus leyes con el objetivo de “blindar las fronteras incluso a costa de los derechos humanos”. El resultado, añaden, se traduce en medidas que “consolidan la lógica del control sobre la protección, dejando a miles de niños y niñas sin las garantías básicas que la ley les reconoce”.
“Estas medidas han creado un entorno propicio para la vulneración rutinaria de los derechos y la protección de los niños y las niñas“, sostiene Zuppiroli, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se celebra cada 20 de junio.
La investigación de Save the Children se ha realizado en base a 33 entrevistas a 33 de niños y niñas migrantes en España, Finlandia, Grecia, Italia y Polonia, junto con testimonios de personas profesionales y análisis de literatura académica.
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