El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a los consejeros de Consumo de las comunidades autónomas que actúen desde sus gobiernos regionales contra las empresas que hay detrás de las viviendas turísticas que se anuncian de forma ilegal. Les ha recordado que el problema de la vivienda es la principal preocupación para la ciudadanía española y que las competencias de Consumo se pueden usar para proteger el derecho constitucional a la vivienda.
Bustinduy ha manifestado, durante su intervención en la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, que los gobiernos autonómicos tienen competencias para actuar contra los alojamientos turísticos que se publicitan de forma ilícita y para inspeccionar y exigir la retirada de esta publicidad. También, ha señalado, tienen competencias para proceder al cese de la actividad de estos pisos y, en su caso, iniciar procedimientos de sanción.
Ha puesto de ejemplo la acción que, en este ámbito, ha llevado a cabo su ministerio poniendo en valor intervenciones como la que realizó hace dos semanas cuando instó a la empresa Airbnb a bloquear más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos de su plataforma online que incumplen la normativa en materia de Consumo, al no incluir un número de licencia, mostrar licencias incorrectas o no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores. También ha informado que desde la Dirección General de Consumo se abrió un expediente sancionador a una compañía de alquiler de pisos turísticos por no retirar la publicidad ilícita que se detectó en su plataforma.
Anuncios ilegales
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Unidad de Análisis de Consumo, ha ofrecido información detallada a diferentes gobiernos autonómicos de los anuncios ilegales detectados en sus territorios sobre estos alojamientos. De esta manera, Consumo trasladó, recientemente, al gobierno de la Xunta de Galicia un archivo que incluía información de más de 9.000 pisos turísticos detectados en esta región, para que el ejecutivo gallego pudiera inspeccionarlos para cerrarlos y, en su caso, sancionarlos. Igualmente, Consumo entregó un archivo al Govern de Islas Baleares con más de 7.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en las islas sobre los que se podría actuar.
Otra petición de Bustinduy a los consejeros es que usen sus competencias para defender a las personas consumidoras frente a las prácticas abusivas que pueden cometer empresas que gestionan el alquiler de viviendas. Sobre esta cuestión, el ministro ha reivindicado la investigación que puso en marcha la Dirección General de Consumo para inspeccionar la actividad de este tipo de gestoras inmobiliarias y que supuso, en marzo, la apertura de un expediente sancionador a una de las principales empresas de este sector.
Se trata de una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional y que habría realizado prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler como obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o contratar servicios no solicitados. Como ha recordado también Bustinduy, desde Consumo se sigue investigando a otras inmobiliarias que podrían estar cometiendo estas mismas prácticas abusivas.
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