Miles de familias españolas se preparan para una subida en el alquiler que podría expulsarlos de sus casas

El mercado de la vivienda de alquiler se ha caracterizado en los últimos años por un notable aumento de las rentas a pagar por parte de los inquilinos. En un contexto de avance de la inflación y tensiones entre la oferta y la demanda de inmuebles, las personas que viven en una casa arrendada han sido unas de las principales afectadas por la crisis de acceso a la vivienda. Sin embargo, un perfil ha podido esquivar parcialmente estos aumentos y mantener a un nivel relativamente estable el precio de sus alquileres.

Se trata de aquellos que firmaron su contrato después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2019, que establecía la duración mínima de estos acuerdos en cinco años en el caso de los arrendamientos a personas físicas. Por lo tanto, el propietario se veía obligado a limitar los incrementos del precio del alquiler durante el primer lustro a lo acordado en el documento inicial, normalmente tomando como referencia la evolución del índice de precios al consumidor (IPC).

Esta medida del Gobierno, pensada para evitar subidas repentinas y garantizar cierto grado de estabilidad para los inquilinos, ha protegido durante los últimos cinco años a miles de hogares de familias que firmaron su contrato de alquiler en 2020, cuando estas operaciones se dispararon en medio de la recuperación posterior a la pandemia y un entorno muy diferente en el mercado inmobiliario. Según estimaciones del profesor de Economía en la Universidad de Alcalá, Dmitry Petrov, que recoge el diario El País, entre 220.000 y 300.000 contratos iniciados en 2020 siguen en vigor, por lo que su precio estará sujeto a revisión este 2025.

Subidas inasumibles para miles

La preocupación por este aumento de las rentas en miles de viviendas al mismo tiempo es especialmente acuciante para los arrendatarios con las rentas más bajas. Una vez expire el contrato, el casero puede decidir exigir un alquiler mensual mucho más alto del solicitado hasta la fecha, validado por un mercado con precios disparados y oferta escasa. Para los inquilinos más vulnerables, este incremento puede resultar inasumible e incluso supondrá verse obligados a abandonar su vivienda después de cinco años por no poder hacer frente al alquiler.

Tras un aumento superior al 30% en el precio medio del metro cuadrado de alquiler desde 2020, según portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, los españoles que firmaron su contrato de alquiler aprovechando la revitalización de las operaciones en el mercado inmobiliario tras la Covid-19 se encontraran con un panorama totalmente cambiado y mucho menos favorable al intentar hacer frente a su nuevo alquiler o buscar una alternativa asequible para mudarse.

Crece el esfuerzo para costearse una vivienda

Este previsible aumento de rentas llega en un momento en el que el esfuerzo que deben realizar los hogares para pagar el alquiler ya es motivo de alarma entre expertos y consumidores. En un informe publicado en 2024, el Banco de España señala que las familias españolas destinaban ya el año pasado un 22,7% de su renta al alquiler, siete puntos más que la media europea. Esta situación se agrava aún más en las unidades familiares con bajos ingresos, que llegan a dedicar hasta el 43,1% de su salario a este fin.

Además, casi el 40% de los inquilinos gasta más del 40% de su renta en vivienda, cifra superior al 27% en la UE. Entre 2015 y 2023, los hogares en sobresfuerzo pasaron del 3,7% al 6%, y un 45% de los arrendatarios está en riesgo de pobreza o exclusión social, la proporción más elevada entre las economías de la Unión Europea, evidenciando la situación de vulnerabilidad a la que ya se enfrentan muchas personas que viven de alquiler.

La dificultad para acceder a vivienda en propiedad, por otra parte, continúa en aumento, pues más del 75% no tiene ahorros o ingresos para una hipoteca, trasladando la demanda al mercado de alquiler. El problema es más grave en zonas urbanas y turísticas, con tasas de sobresfuerzo que rondan el 50%. Este contexto provoca un retraso en la emancipación juvenil, que afecta al 66% de los jóvenes españoles, el mayor aumento en Europa.