
Lo que empezó como una alegría y una sorpresa inesperada, ha terminado por convertirse en una pesadilla judicial. Y es que una vecina de Villa Mercedes, una ciudad de la provincia argentina de San Luis, Verónica Alejandra Acosta, estaba esperando su pensión de manutención cuando se encontró en su cuenta bancaria una transferencia de 510 millones de pesos argentinos (unos 400.000 euros).
Sin previo aviso ni explicación, ese dinero apareció en su saldo disponible, siendo una cifra imposible para la mayoría de las familias trabajadoras del país. La sorpresa fue tan grande como su reacción: “Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios”.
El ingreso, que Acosta interpretó como una bendición divina tras una época marcada por problemas económicos, lo utilizó para comprar electrodomésticos, materiales de construcción para reformar su casa e incluso un coche. También realizó unas 66 transferencias a amigos y familiares, confiada en que la cantidad de dinero recibida era legítima. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Se trataba de un error administrativo del gobierno provincial y, tal y como ha recogido el medio La República, las consecuencias no han tardado en llegar.
“No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe”
La situación dio un giro de 180 grados cuando la policía se presentó en el domicilio de Acosta. La mujer, que hasta ese momento desconocía el origen real del dinero, se enteró por su ex cuñada, que le envió una noticia sobre la insólita transferencia. “Mientras leía la noticia, la policía llegó a su casa”, ha explicado su abogado, Hernán Echevarría. Para la justicia provincial, el uso de esos fondos no fue inocente, y la reacción fue inmediata: se congeló la cuenta bancaria de Acosta, se registró la vivienda, e incluso se incautaron los teléfonos móviles de sus hijos.
“No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe”, ha defendido Acosta tras conocer el trasfondo del error. El argumento de su defensa se centra precisamente en la falta de notificación formal sobre el origen del dinero y en el contexto de que el dinero se usó en una situación de necesidad económica.
A pesar de todo esto, la justicia ha imputado a cinco personas, incluyendo al entorno cercano de Acosta, y ha impuesto una fianza de 30 millones de pesos para cada uno, una medida que el abogado Echevarría ha calificado de desproporcionada: todos los implicados carecen de antecedentes penales.
“Estoy tranquila porque no quise perjudicar a nadie”
Quien ejecutó la transferencia errónea presentó una denuncia formal por lo ocurrido, aunque, por ahora, no ha sido imputado en la causa. Desde la Fiscalía provincial se ha informado de que ya se ha recuperado el 90% del dinero transferido y que el resto se está rastreando. Sin embargo, para Acosta y su entorno, el daño ya está hecho. “La justicia la ha tratado como si hubiera actuado de mala fe”, ha lamentado su abogado.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, Verónica enfrenta no solo cargos legales, sino también el juicio público, ya que su historia ha sido muy mediática. “Estoy tranquila porque no quise perjudicar a nadie”, comentó Acosta a su entorno, aunque por el momento, no se sabe cuáles serán las decisiones judiciales definitivas, que se empezarán a saber en las próximas semanas.
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