El Gobierno de España ha puesto en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell, con el objetivo de evaluar posibles impactos en el interés general.
Según ha informado el Ministerio de Economía, a través de Carlos Cuerpo, esta consulta estará abierta hasta el 16 de mayo y permitirá la participación de ciudadanos, organizaciones, empresas y asociaciones que deseen expresar su postura sobre la operación.
La iniciativa busca recoger argumentos y propuestas que puedan ayudar en la decisión final del Ejecutivo, que tiene la facultad de intervenir en base a criterios específicos establecidos por la ley siempre que se trate de la defensa del interés general.
En ese contexto, el proceso se desarrolla a través de un formulario disponible en la página web del Ministerio. Los participantes deberán identificarse proporcionando su nombre completo o razón social, número de identificación (DNI), la organización a la que pertenecen y un correo electrónico.
Preguntas orientadas a que la operación no afecte al interés general
La consulta incluye un total de diez preguntas abiertas, comenzando con una que indaga sobre si existen criterios de interés general, distintos de la defensa de la competencia, que puedan verse afectados por la operación entre ambas entidades bancarias.
Además, entre las cuestiones planteadas, se solicita a los participantes que especifiquen cuáles serían esos criterios, que estimen el impacto de la operación y que propongan medidas para evitar posibles daños al interés general.
Una consulta enmarcada dentro de la normativa vigente
El Ministerio ha señalado que esta consulta se encuadra dentro de la normativa vigente y que además respeta los procedimientos y competencias de las instituciones involucradas.
En relación a esto, la consulta tiene como finalidad recoger opiniones tanto de personas físicas como jurídicas que puedan verse afectadas por la operación, ya sea de manera directa o a través de organizaciones representativas.
En ese sentido, se ha subrayado que el Ejecutivo deberá justificar cualquier decisión que adopte en relación con la opa, ya sea para mantener, endurecer o suavizar las condiciones previamente pactadas por la CNMC con el propio BBVA.
Es importante saber que la ley de defensa de la competencia permite al Gobierno intervenir en operaciones de este tipo, basándose, como decimos, en criterios de interés general que van más allá de la competencia económica.
Entre estos criterios se incluyen la defensa y seguridad nacional, la protección de la seguridad o salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios en el territorio español, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, y el mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial.
Lo que es evidente, es que la consulta pública lanzada por el Gobierno representa un paso clave en el proceso de evaluación de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell.
A través de este mecanismo, el Ejecutivo plantea recopilar información y opiniones que le permitan tomar una decisión fundamentada, en línea con los principios de la ley de defensa de la competencia y los criterios de interés general.
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