Ha pasado casi un año desde que el pasado mes de abril el Congreso aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 extranjeros que residen en España, una propuesta que logró reunir más de 700.000 apoyos. Por eso el Movimiento Regularización Ya ha destacado la necesidad de “activar un debate público” en el pleno del Congreso sobre la urgencia de aprobar la iniciativa.
La Constitución, recuerda el colectivo, contempla la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar proposiciones de ley mediante ILP, “que es el único mecanismo de democracia directa con el que cuenta España para modificar y promover cambios legislativos”, por lo que piden que la propuesta “no se duerma entre negociaciones internas donde los derechos de las personas migrantes se conviertan en moneda de cambio” y reclaman una mayor celeridad. “La iniciativa lleva meses dormida a puertas cerradas, en un período de ponencia interminable, porque los partidos políticos no tienen la voluntad para consensuar un texto único que pueda tener como resultado la regularización de miles de personas”, critican en un comunicado.
Desde el Movimiento Regularización Ya aseguran que esta medida acabará con la vulneración de los derechos fundamentales de aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular y los obstáculos que les impiden contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
Los partidos se pronuncian
Este martes, además, las diferentes formaciones del Congreso tendrán que pronunciarse en público sobre esta regularización de personas migrantes. En ese sentido, Podemos defenderá una Proposición No de Ley (PNL) a favor de la medida y, aunque no tendrá efectos jurídicos al no ser vinculante, “permitirá conocer la postura de cada partido político y del Gobierno” al respecto, recuerda el colectivo.
“Es urgente que la clase política y el gobierno progresista se responsabilicen por las personas que no cuentan con documentos, las solicitantes de asilo y las que no tienen la posibilidad de acceder al padrón por no poder probar una residencia habitual. Quienes corren el riesgo de quedar fuera del paraguas social, como ya está sucediendo en Valencia con la regularización restrictiva que fue aprobada por el Gobierno a consecuencia de la tragedia de la dana” del pasado 29 de octubre, que arrasó más de 80 municipios valencianos.
Algunos partidos como el PNV han señalado que no ven sentido a la ILP después de que haya sido aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería, que busca simplificar los procedimientos por los que las personas migrantes consiguen sus permisos de residencia y trabajo y entrará en vigor en mayo.
Para saber si la ILP tiene posibilidades de salir adelante habrá que esperar a las votaciones, que tendrán lugar este miércoles.
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