A partir de abril de 2025, entrará en vigor una reforma legal que agiliza los desahucios en casos de ocupación ilegal de viviendas mediante allanamiento de morada o usurpación. Esta medida, introducida por el PNV como enmienda a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha desatado un intenso debate político y social, enfrentando a diversos partidos del Congreso y a organizaciones de derechos sociales.
La reforma modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda entre aquellos que se tramitan mediante juicios rápidos. Este procedimiento judicial abreviado tiene como objetivo resolver casos en un plazo más corto, lo que permitirá acelerar los desalojos en situaciones donde se haya ocupado ilegalmente una vivienda.
Esta medida aplica a situaciones en las que personas accedan de manera ilícita a una propiedad ajena, afectando tanto a viviendas habituales como a segundas residencias. Sin embargo, según el PNV, no busca criminalizar a familias vulnerables que ocupan viviendas debido a necesidades económicas, sino atacar casos de ocupación con “intención delictiva”.
Tramitación legislativa: una votación polémica
La inclusión de esta medida en la Ley de Eficiencia de Justicia fue posible gracias a una enmienda presentada por el PNV. La propuesta obtuvo el apoyo del PP, Junts y Vox, además de los votos favorables de Bildu y ERC, quienes posteriormente calificaron su voto como un error.
El PSOE, Sumar y Podemos votaron en contra de la enmienda, y Vox se abstuvo durante la primera votación. A pesar de las divisiones, la enmienda fue aprobada y quedó integrada en el texto final de la ley, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de enero de 2025. Podemos ha prometido trabajar para derogar esta medida antes de su entrada en vigor. No obstante, cualquier cambio requeriría la aprobación de una nueva ley orgánica, algo difícil de lograr dada la falta de apoyos necesarios en el Congreso.
Entrada en vigor en abril de 2025
La nueva normativa comenzará a aplicarse el próximo 3 de abril de 2025, tres meses después de su publicación en el BOE, salvo que el Gobierno logre su derogación antes de esa fecha. Esto implica que, a partir de entonces, los casos de ocupación y allanamiento se resolverán con mayor rapidez en los juzgados.
Según el PNV, este cambio busca reforzar la protección de los propietarios y garantizar una actuación inmediata en casos de ocupación ilegal, diferenciando estas situaciones de las que involucran a familias vulnerables que no pueden afrontar un alquiler. La reforma ha sido objeto de fuertes críticas, principalmente desde Unidas Podemos y organizaciones sociales, que consideran que esta medida puede contribuir a criminalizar la ocupación, sin atender el contexto social de muchas familias afectadas por la crisis de vivienda.
La polémica
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó la enmienda como “un ataque a los derechos sociales” y exigió al Gobierno su derogación inmediata. En palabras de Belarra, esta medida “agrava el problema del acceso a la vivienda y prioriza los intereses de los grandes tenedores por encima de las necesidades de las personas”. Por otro lado, el PNV defendió la propuesta como una herramienta para actuar rápidamente contra ocupaciones ilegales que, según su portavoz, Aitor Esteban, no están relacionadas con la vulnerabilidad social. “Esta reforma no afecta a familias vulnerables, sino a casos claros de ocupación delictiva”, aseguró.
Además, el voto inicial a favor de Bildu y ERC generó controversia entre sus bases y dirigentes, quienes se retractaron rápidamente, calificando su apoyo como un error de procedimiento. Aunque la ley está programada para entrar en vigor en abril, las intenciones de Podemos de derogar esta reforma podrían generar un nuevo debate legislativo en el Congreso. Sin embargo, la dificultad para conseguir los apoyos necesarios, sumada a la oposición de partidos como el PNV, PP, Vox y Junts, hace poco probable que esta derogación prospere en los plazos necesarios.
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