Una persona solicita el Ingreso Mínimo Vital y espera la respuesta dos años: recurrió a la Justicia para poder cobrarlo con una indemnización de 10.000 €

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una medida de protección social implementada en España para garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Esta prestación está dirigida a aquellos hogares que alcanzan el umbral de pobreza, proporcionando un apoyo financiero que busca asegurarles una vida digna. El IMV se introdujo en 2020 mediante un Real Decreto-ley, con el objetivo de reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos, adaptándose a la realidad económica del país como respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19. Posteriormente, en diciembre de 2021, la medida fue consolidada y oficializada a través de la Ley 19/2021. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde su implementación, el IMV ha beneficiado a 811.914 hogares, protegiendo a un total de 2.401.829 personas.

Para acceder al Ingreso Mínimo Vital, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos, tanto económicos como de residencia. Es necesario demostrar que se tiene una renta inferior al umbral establecido por el Gobierno en función del número de personas que conforman la unidad de convivencia. Asimismo, “los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud”. Además, el IMV tiene en cuenta la situación laboral de los miembros del hogar, con el fin de proporcionar una ayuda acorde a las necesidades específicas de cada familia. Esta prestación se gestiona a nivel autonómico, lo que implica diferencias en la cantidad y los procedimientos en función de la comunidad autónoma.

No obstante, son muchas todavía las personas que por razones normalmente administrativas han visto retrasada su solicitud de acceso a esta prestación. Así, @tuabogadoparticular expone en sus redes sociales el caso de un cliente que ha estado esperando hasta dos años para percibir esta ayuda. El abogado es especialista en este tipo de casos, como bien explica en su perfil: “mi única misión es que todos consigáis el 100% de vuestro Ingreso Mínimo Vital y demás Derechos que legalmente os corresponden”.

En este caso, su cliente realizó la solicitud para el IMV y “tuvieron a esta persona dos años sin resolver” su caso. Durante este periodo, emprendieron diferentes acciones, como enviar escritos de aceleración, “que funcionan muy bien en la mayoría de casos”, y realizaron varias llamadas a la correspondiente sede de la Seguridad Social, pero no obtuvieron resultado.

Finalmente, para resolver esta situación, abogado y cliente realizaron dos quejas: “una delante de oficina de la Seguridad Social, al funcionario tramitador” del expediente de su cliente, “y otra a la central de Madrid de la Seguridad Social, al Ministerio”. Gracias a ello, lograron que desde la central abrieron una inspección al funcionario encargado del expediente del cliente de este abogado. @tuabogadoparticular asegura que, tras la queja y la amenaza de entrar en auxilio judicial, lo aprobaron en seguida “y con atraso de dos años, lo que ha sido más de 10.000 euros, una auténtica barbaridad”. Por eso, recomienda a todas las personas que puedan encontrarse en situaciones parecidas llevar a cabo la misma estrategia.