El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Función Pública, ha adjudicado esta semana un contrato para incrementar las competencias digitales de los empleados públicos del Estado. El proyecto da cumplimiento a uno de los objetivos del componente 11 del Plan de Recuperación, por lo que está íntegramente financiado con los fondos Next Generation, y la decisión de licitarlo es que la administración no dispone de los medios propios suficientes para llevarlo a cabo. Lo mismo está sucediendo también con la introducción de la inteligencia artificial en el sector público, que ha dado lugar a diversos contratos con tecnológicas para desarrollar las infraestructuras y proporcionar la formación necesaria.
El importe total del proyecto asciende a 4.396.995 euros (3.633.880 sin impuestos) y la entidad adjudicataria es una unión temporal de empresas compuesta por Accenture, Add4u y Skylab Coders Academy. El proceso de adjudicación se ha alargado finalmente durante nueve meses por problemas en los pliegos y en las ofertas presentadas y su ejecución se llevará a cabo entre 2025 y 2027, aunque se puede prorrogar un año y medio más. El INAP detalla en el pliego que el total de destinatarios del programa asciende a 230.000 empleados públicos, aunque la implementación será gradual empezando en 2025 por un alcance de 75.000 usuarios. Si se completa el alcance previsto, la formación llegará al 40,5% de los empleados públicos de la Administración General del Estado (568.218 en 2023).
El programa, llamado AGEdigit@l, consiste en formar a los empleados públicos en competencias digitales “imprescindibles para la era digital y necesarias para la mejora de los servicios públicos”, justifica el pliego. Para ello, las empresas adjudicatarias habilitarán varios pasos dedicados al diagnóstico del nivel de cada trabajador; a dar una formación adaptada al punto de partida particular y a certificar las competencias digitales adquiridas en el proceso. El desarrollo del proyecto implica proveer al INAP de un ecosistema de formación en línea, soporte y mantenimiento posterior del mismo.
La evaluación se desarrollará con base en seis grandes áreas: alfabetización digital; comunicación; creación de contenidos digitales; seguridad; resolución de problemas e innovación. Los empleados públicos estarán obligados a realizar el diagnóstico antes de acceder a los contenidos formativos y las certificaciones se conseguirán si se superan las pruebas correspondientes. Si el usuario no supera una prueba de certificación, la plataforma le sugerirá qué contenidos debe revisar y no podrá repetir la misma prueba en el plazo de dos meses.
Lo llamativo de este proyecto es su adjudicación a una empresa privada, a diferencia de la gestión de otros similares de formación a los empleados públicos, que se ejecutan directamente con medios propios de las administraciones. De hecho, existe un Acuerdo de Formación para el Empleo en las administraciones públicas (AFEDAP) actualizado en 2018 que establece itinerarios de este tipo para todos los niveles (estatal, autonómica y local) financiados en los Presupuestos Generales del Estado. Un ejemplo reciente es la concesión en septiembre por parte del Ministerio de Función Pública de 548.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para formar a los empleados públicos del ámbito local.
Se plantea externalizar la difusión del programa
Según detalla el pliego, para garantizar la difusión del proyecto AGEdigit@l y contribuir activamente al éxito de su implantación, se plantea el desarrollo de un servicio de planificación estratégica de medios y compra de espacios publicitarios. Se trata de una prestación adicional incluida en el precio adjudicado y se especifica que, en caso de llevarse a cabo, la elección de los medios de comunicación se realizará “teniendo en cuenta criterios de audiencia” como EGM, OJD y Comscore.
Si esta prestación se termina llevando a cabo, las empresas deberán detallar al INAP los medios y formatos que pretenden utilizar para informar a los empleados públicos de la formación: prensa escrita, revistas especializadas, emisoras de radio, medios digitales de información general, redes sociales, publicidad exterior, etc.; así como el porcentaje mínimo que representará cada uno de ellos en la compra de los espacios publicitarios. En el pliego no se detalla ningún tipo de acción comunicativa interna para promocionar el curso por parte del INAP.
Cabe destacar que esta no es la única iniciativa publicitaria financiada con los fondos Next Generation. Según un análisis de la base de datos de adjudicaciones publicada por el Ministerio de Economía, las administraciones han gastado ya más de 100 millones de los fondos en publicidad y marketing para promocionar la Marca España; el atractivo turístico de los municipios; determinadas políticas y campañas institucionales.
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