
Los empleados del sector público en España han supuesto entre el 16% y el 17% del total de asalariados a lo largo de las últimas décadas y en términos absolutos alcanzan los 3,56 millones, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2024, frente a los 3,19 millones del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. Este aumento del empleo público (menor que el del privado) ha permitido superar las cifras anteriores a la crisis financiera y se ha producido al calor de un impulso de los procesos de selección por parte de las administraciones ante los cuales muchos manifiestan interés por las favorables condiciones del empleo público.
Una de las ventajas más constatadas en los datos es su mayor retribución. Según los salarios del empleo principal que publica la EPA, los asalariados del sector público cobraron 10.534 euros brutos más de media en el año 2022 que los asalariados privados. En términos mensuales (12 pagas) la diferencia asciende a 878 euros, siendo el salario medio bruto del sector público de 2.835 euros y el del sector privado 1.958 euros. A estas cifras habría que descontar los diversos impuestos y cuotas a la Seguridad Social para obtener el dato el salario neto, lo que finalmente cobra el trabajador en la nómina.
Estos datos de los salarios en el sector público incluyen todas las administraciones públicas; las empresas públicas; los trabajadores adscritos a mutualidades y los que cotizan a la Seguridad Social, por lo que ofrecen una visión general de la situación del sector. La diferencia se mantiene en toda la serie histórica que ofrece el INE, desde 2006, y llegó a su mayor expresión en 2020 y 2019. Aunque la brecha se ha reducido desde entonces, sigue por encima de la situación anterior a la crisis financiera debido al menor avance de los salarios privados y a las cuantías artificialmente altas de la época de la burbuja inmobiliaria para un país como España.
No obstante, la media salarial no informa de cómo se distribuyen las retribuciones, por lo que sueldos muy altos podrían estar elevando la media sin que realmente los salarios más frecuentes del sector público fueran mejores. Esta hipótesis se descarta analizando los datos de distribución salarial por deciles. Solo el 2,2% de los empleados públicos cobraron menos de 956 euros (el límite del decil uno) en 2022, mientras que en el sector privado ascendieron al 11,9%. Una proporción similar se registra hasta el cuarto decil, que tiene un límite salarial de 1.620 euros brutos.
Es a partir del quinto decil, que marca el paso a salarios medios y altos, donde se concentran el 87,4% de los asalariados del sector público frente al 53,5% del privado. Al último decil (el décimo), que tiene un suelo de 3.630 euros mensuales y un salario medio de 5.019 euros, llegan el 19,3% de los empleados públicos, pero solo el 7,8% de los privados. El propio INE explica que la mayor concentración de salarios elevados en el sector público viene determinada por “el mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, el tipo de ocupación desempeñado, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad”.
El sector público impulsa los salarios de los menos formados y de las mujeres
Los estudios académicos amplían la explicación del INE y señalan varios motivos por los cuales los empleados públicos tienen salarios medios más elevados y mejores condiciones laborales. Algunos de ellos son que el sector público es el único proveedor de ciertos bienes y servicios; las reglas de contratación y los objetivos de los empleadores son distintos y el poder sindical es mayor.
Según la investigación publicada en 2023 por Alba Couceiro y Juan J.Dolado, resumida en el blog económico Nada es Gratis, los salarios del sector público en comparación con los del privado son más favorables entre los trabajadores de menor cualificación y las mujeres. En el primer caso esto se debe a que el sector público actúa como un “monopsonista”, lo que implica que, en comparación con un equilibrio competitivo, el sector público reduce los salarios de los trabajadores (hombres) con ofertas más inelásticas (los más cualificados) en relación con aquellos cuya elasticidad es menor (los menos cualificados). A esto también contribuye la mayor presencia sindical, “cuyo objetivo es comprimir la distribución salarial”, señalan los autores.
Respecto al género, el estudio apunta a que las mujeres en edad fértil “están sujetas a discriminación estadística en el sector privado” mientras que las regulaciones “más estrictas” en el sector público “impiden este tipo de acciones discriminatorias”. Por lo que tanto en el caso de baja como alta cualificación, las mujeres terminan cobrando más en el sector público en España que en el privado.
Más allá de los salarios, hay un factor principal que juega en contra del atractivo del empleo público: la elevada temporalidad contractual, aunque esta no se traduce en una duración menor de las relaciones laborales. El sector público sigue haciendo un uso excesivo de los contratos de interinidad, por lo que el 51% de los trabajadores temporales del sector público tenían una antigüedad superior a los tres años en 2023, según la EPA, mientras que solo el 13% del sector privado se encontraba en esta situación.
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