Puigdemont, huido de la justicia española tras el referéndum ilegal de 2017, ha anunciado en redes sociales este mismo miércoles que volverá para el pleno de investidura. Aunque no ha dado detalles sobre su regreso, su detención es un hecho en base a la orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa del ‘procés’.
Vox ha pedido al Tribunal Supremo que “se adopten las medidas oportunas para proceder” a la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont “de forma inmediata en cuanto se tenga conocimiento de su presencia en España”, prevista para este jueves, coincidiendo con el pleno de investidura en el Parlament catalán.
Según ha podido saber Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal también insta al tribunal a que la concentración convocada por Junts “sea denegada y prohibida por entorpecer la ejecución de la decisión judicial de detención, en caso de que finalmente el Puigdemont acuda” al Parlament.
“En este caso, no debería existir ningún obstáculo ni riesgo que pudiera impedir la decisión judicial y que se proceda a su detención por lo que solicitamos que se den a la autoridad policial competente para el mantenimiento del orden público en Cataluña las instrucciones claras y precisas de impedir la concentración y en su caso disolverla a fin de facilitar, en su caso, la detención del fugado”, apunta el partido político.
Para los de Abascal, esa concentración (que comenzará a las 09.00 horas) será utilizada por el partido de Puigdemont, “a modo de un acto de recibimiento al fugado de la justicia en Barcelona, para impedir su detención”.
Vox pide su ingreso en prisión
Al momento de producirse su arresto, Puigdemont podría invocar el habeas corpus, un derecho previsto para aquellos casos en los que los detenidos consideren que no hay motivos para estar retenido. Esto obligaría al Juzgado correspondiente a resolver de manera inmediata sobre la libertad de Puigdemont si se aprecia que la detención no tiene el sustento necesario.
Si no plantea el habeas corpus, será el juez Llarena el que decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont una vez le tome declaración. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años en Belgica.
También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión.
Qué puede salvar a Puigdemont
Todavía hay más incógnitas que hechos sobre lo que va a ocurrir en las próximas 24 horas, pero una cosa está clara y es que en el caso de que ingrese en el territorio nacional, tendrá que ser detenido. Ni la ley de amnistía ha conseguido revertir este suceso, ya que el juez que está instruyendo el ‘procés’, Pablo Llarena, decidió mantener activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación.
Esto significa que cualquier fuerza de seguridad que tenga contacto con Puigdemont puede detenerle en virtud de esta requisitoria y en ese momento será puesto a disposición del juzgado de guardia del lugar donde haya sido detenido.
* Con información de EFE y Europa Press
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