Todo el mundo merece un entierro digno. Por eso, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso está licitando actualmente el servicio para poder dar descanso eterno a aquellos fallecidos que nadie reclama, ni familiares ni amigos. De momento, a la adjudicación ya se han presentado cinco empresas funerarias y ahora falta conocer cuál es la mejor oferta. La Comunidad de Madrid está dispuesta a pagar 145.579 euros en los dos próximos años, un contrato prorrogable otros dos años más que elevaría el coste total hasta los 240.461 euros.
Estos muertos ‘olvidados’ suelen acabar en el Instituto de Medicina Legal (IML), que depende de la Comunidad de Madrid. Se trata, básicamente, de una herramienta judicial que se dedica a hacer autopsias tras la petición de un magistrado. La memoria justificativa del contrato señala que dada la “problemática actual”, sin especificar cuál es el contratiempo que se vive en el depósito del IML, hay cadáveres en estas instalaciones que no son reclamados por nadie ni tienen derecho de ser beneficiarios de entierros sociales por parte de ningún ayuntamiento madrileño. Por eso quien debe actuar es la consejería y contratar un servicio de “recogida, traslado y cremación o inhumación de cadáveres” cuando un tribunal decida que estos son competencia del Gobierno regional porque no son reclamados por nadie. Estamos hablando generalmente de personas sin recursos, sin una red familiar que se pueda hacer cargo del coste, o de cuerpos sin identificar.
Normalmente, el IML espera 15 días a que aparezca algún familiar que reclame el cuerpo. Si transcurrido ese tiempo no aparece nadie, pone la circunstancia en conocimiento del juzgado para que determine el entierro social o comunique, si es necesario, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la situación de ese cadáver para que puedan localizar a algún pariente. Si el muerto es extranjero, de este trabajo se ocupa la Interpol. En ocasiones ocurre que, informadas las familias, estas no quieren hacerse cargo del cadáver ni del entierro por problemas económicos o por una mala relación con el fallecido.
1.400 euros el entierro
Los cuerpos sobre los que la Administración acaba asumiendo la tutela son enterrados o incinerados. Las exequias suelen ser relativamente económicas, ya que los cuerpos descansan en ataúdes o urnas más asequibles y no llevan coronas de flores ni otros complementos que sí adornan a los enterramientos habituales. De hecho, tras consultar los precios a empresas del sector, la consejería calcula que en estos dos años realizará unas 100 cremaciones a 1.061 euros cada una y solo 10 entierros con un coste por unidad de 1.407 euros.
La empresa que finalmente sea adjudicataria del servicio se encargará de suministrar el féretro donde trasladar el cadáver, trasladarlo en un vehículo acondicionado, tramitar el deceso ante el Registro Civil y finalmente proceder a la cremación del cuerpo y custodiar las cenizas durante dos años o enterrar el cuerpo y mantener la sepultura al menos durante un lustro. El cementerio elegido siempre deberá pertenecer a un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Si el juzgado no indica lo contrario, tendrá prioridad la cremación del cuerpo. Este diario ha intentado, sin éxito, consultar a la Consejería de Justicia y Presidencia cuantos cadáveres sin reclamar se acumulan actualmente en el Instituto de Medicina Legal.
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