La Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro en San Fernando han denunciado este martes que la Comunidad de Madrid ha cortado el servicio gratuito de atención psicológica. Esta asistencia comenzó el pasado 12 de febrero, según informó la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, para los vecinos afectados por las obras de consolidación de la línea, que resultaron en el hundimiento de varias viviendas.
La Comunidad de Madrid ha negado estas acusaciones y ha asegurado que los vecinos “no tendrán que pagar y podrán seguir con su tratamiento”. “Este proyecto nació con una primera fase para analizar y evaluar la necesidad que tenían los vecinos de recibir este tratamiento y, tras la intervención de los profesionales, se concluye, que del total de personas atendidas, unas serán dadas de altas, otras deberán pasar al servicio madrileño de salud y otras continuar con su tratamiento psicológico que, por supuesto, será sufragado por la Comunidad de Madrid”, han explicado fuentes de la consejería a Infobae España. Afirman que para ellos “los vecinos de San Fernando siempre han sido una prioridad”.
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La plataforma de afectados, no obstante, mantiene su denuncia. Según ha explicado su portavoz, Alejandro Escribano, a este medio, ha sido el propio servicio psicológico implantado por la Comunidad quien ha llamado a los usuarios. Estos les habrían comunicado que, a partir de ahora, tiene que abonar una tasa de 60 euros si quieren continuar con la atención. “¿Por qué han llamado a los usuarios para decirles esto si no es cierto?”, se pregunta Escribano.
La organización ha anunciado en redes sociales nuevas movilizaciones en protesta por la supuesta retirada del servicio. “Es escandaloso e intolerable el trato que reciben las víctimas”, exclaman en su comunicado.
Al menos 217 afectados por los derribos en San Fernando
El 9 de febrero de 2024, el consejero Jorge Rubio anunció la implantación de este dispositivo asistencial, ampliamente demandado por los vecinos. Una colaboración entre las consejerías de Vivienda y Familia y con la asesoría del Colegio de Psicólogos de Madrid que permitió habilitar una instalación con siete profesionales. El servicio ofrecía una terapia personalizada y gratuita a aquellos que lo solicitasen a través de la oficina de atención a los afectados. “Primero son las personas y luego las infraestructuras”, proclamó entonces Rubio.
Desde el inicio del servicio, se desconoce cuántas personas han acudido a estas citas psicológicas, pero los últimos cálculos de la plataforma apuntan a que hay 217 personas (88 familias) desalojadas de sus viviendas por los efectos de la línea 7B.
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La organización denuncia que se está retirando la atención psicológica a los usuarios sin que se les haya dado el alta y aun cuando ellos piden la continuidad. “Simplemente se les ha avisado del corte, sin dar ninguna explicación”, asegura Escribano.
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