Las comunidades autónomas han desplomado sus planes sociales de Rentas Mínimas desde que el Gobierno de coalición diseñó y puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El último Informe de Rentas Mínimas de Inserción, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así lo constata, con un desplome generalizado de todos los gobiernos autonómicos. Con la salvedad de Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, el resto de ejecutivos han disminuido su inversión en la red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social.
Entre ellas, destacan la Comunidad de Madrid y Aragón, que han reducido su gasto en Rentas Mínimas un 81,2% y un 84,5% respectivamente. Tras ellas, Castilla-La Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,6%) y Murcia (-55,2%) emulan esta estrategia. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales asegura que “muchas Comunidades destinaron su ahorro en el presupuesto de sus Rentas Mínimas a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”.
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La asociación calcula que estos recortes han supuesto “una pérdida global de 241 millones de euros”. En los años analizados desde la creación del Ingreso Mínimo Vital, se puede constatar que la inversión en Rentas Mínimas, que crecía curso tras curso desde 2011, se ha quebrado la tendencia al alza. Solo Canarias (126,7%), Baleares (87,3%), Cataluña (23,3%) y Comunidad Valenciana (10,81%) han aumentado sus presupuestos.
El recorte provoca que solo el 7,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se haya beneficiado las políticas de Rentas Mínimas que ofrecen las distintas comunidades autónomas, un dato que no para de caer desde 2015. Además, el porcentaje está inflado gracias a que Navarra y País Vasco cubren con ayudas al 52% de sus ciudadanos bajo el umbral de la pobreza, pero hay otras once comunidades que no cubren ni al 10% de su población. Entre ellas, es especialmente baja la cobertura en Castilla y León (2,9%), la Comunidad de Madrid (2,4%), Región de Murcia y Andalucía (1,6%) y Castilla-La Mancha (0,6%), donde las ayudas no alcanzan ni al 3% de su población pobre.
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El análisis de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales explica también que la cuantía media por persona perceptora de las Rentas Mínimas en el conjunto de España supone el 13,9% de la renta media por hogar en nuestro país. “Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año”, asegura la organización.
Las que ofrecen cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%), Canarias (18,3%), Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%). Por el contrario, se encuentran Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantías de sus Rentas Mínimas sólo representan el 2,5% de la renta media de los hogares de su territorio.
El Ingreso Mínimo Vital lo pueden gestionar las comunidades
El presidente del Gobierno anunció hace unas semanas que la gestión del Ingreso Mínimo Vital se podría ceder a las autonomías si estas lo reclamaban, aunque la acogida de la medida ha sido tímida. Además de País Vasco y Navarra, que ya gestionaban el Ingreso Mínimo Vital por la fórmula de competencias particular que tienen estas dos autonomías, y la recientemente incorporada Cataluña, los gobiernos autonómicos a los que se cederá la administración del subsidio son Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia.
Por su parte, Baleares y Canarias solo aceptarán si el traspaso se produce en condiciones que “consideren adecuadas”, sin especificar más sobre el asunto, y Andalucía y Extremadura no se han decidido aún. Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja no se han pronunciado y la Comunidad de Madrid arguye que es una medida que debe negociarse y aplicarse en conjunto en todas las comunidades. Del mismo modo, Aragón considera que el tema debe tratarse en común.
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