La organización Amnistía Internacional ha presentado este jueves a los grupos parlamentarios su análisis a la Proposición de Ley de Amnistía “para que la modifiquen y aseguren que esté perfectamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos”. En su escrito, insta a garantizar “los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos” y una reparación a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados por sedición.
Amnistía Internacional cita el caso de estos dos políticos catalanes “como ejemplos de una condena injusta por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión y de expresión”. Critica por tanto que, aunque la Proposición de Ley contempla la extinción de su responsabilidad penal y cancela sus antecedentes, no recoge “una indemnización o reparación” ni tampoco “anula las resoluciones judiciales condenatorias”.
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“Hay múltiples aspectos de esta Proposición de Ley que no afectan a estos derechos (humanos) y sobre los cuales Amnistía Internacional no tiene posición, pero hay otros que claramente sí lo hacen”, ha declarado Esteban Beltrán, director de la organización en España.
Protección de las víctimas de delitos
Entre las reclamaciones de Amnistía Internacional está la modificación del artículo 2 de la Ley de Amnistía, que recoge los delitos excluidos de su marco de actuación. En concreto, pide que quede fuera de la amnistía todo uso excesivo de la fuerza.
La ONG ha incidido en que, según el derecho europeo, los casos de uso innecesario de la fuerza por parte de la policía no son permisibles en las amnistías. Asegura que durante algunos eventos del procés “la organización documentó caos de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, entre ellos la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Además, asegura que la Proposición de Ley “no aborda de manera suficiente” la reparación de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, entre las que cita a los policías heridos durante las protestas o las personas que sufrieron agresiones entre manifestantes. Así, insta “a que se les garantice una reparación efectiva”.
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Críticas ante las investigaciones sobre Tsunami Democràtic
La organización ha provechado para reiterar sus reticencias sobre “la amplia definición del delito de terrorismo en el Código Penal español” que, aseguran, “ha llevado a investigaciones y sanciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
En este caso, se refiere a las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic. Amnistía Internacional entiende que los hechos que se examinan “no alcanzan el umbral que conforme a los estándares internacionales se exige para entender que nos encontramos ante actos de naturaleza terrorista”. Entre los episodios que entran en este caso se encuentran el corte de la carretera AP7 entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, que “ya han sido objeto de investigación” por parte de la Audiencia Provincial de Girona.
Por ello, piden al Ministerio Fiscal que inste a que estos hechos no sean investigados como delitos de terrorismo, mientras reclaman una reforma “en profundidad” del Código Penal respecto a la definición del delito de terrorismo.
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