La Xunta de Galicia ha dado por cerrada la investigación abierta sobre las sospechas en torno a la Consellería de Política Social e Xuventude, acusada de avisar a las residencias de mayores para que estuvieran preparadas para las inspecciones sorpresa que los funcionarios de Servicios Sociales llevaban a cabo. Fabiola García, al cargo de la consejería, estaba en el punto de mira.
El pasado mes de agosto, la Asociacion Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS) denunció mediante un comunicado que la independencia de estos procesos de control estaban bajo sospecha y que las autoridades advertían a ciertas residencias de mayores antes de que los inspectores llegaran, de forma que podían corregir incidencias que, de ser detectas, supondrían infracciones.
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Como respuesta, la consejería afectada inició un proceso de investigación que finalizó este jueves, cuando durante la Comisión Parlamentaria correspondiente, María Francisca Gómez Santos, secretaria general técnica de la consellería de Política Social, y orgánicamente la máxima responsable de los servicios de inspección, enterró el asunto y aseguró que tras hacer pesquisas internas, no habían encontrado pruebas que sostuvieran las acusaciones realizadas por AGISS.
Gómez Santos aprovechó su intervención para “ratificar que se cumplen los protocolos que garantizan la imparcialidad” de los procesos que llevan a cabo los inspectores de la Xunta y ha recordado que la investigación se ha llevado a pesar de las “acusaciones sin pruebas” de la organización de inspectores.
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Investigación cerrada sin informes públicos
Aunque durante estas semanas se barajaba incluso la posibilidad de que los denunciantes de corrupción acabaran sancionados por la propia Administración, finalmente la Xunta ha dado carpetazo al asunto sin hacer públicos informes que avalen esa imparcialidad.
Tal y como ha comentado María Francisca Gómez Santos, de los 16 inspectores de Servicios Sociales, solo uno se atribuyó la participación directa en el escrito que denunciaba corrupción interna. Diez de ellos se desmarcaron totalmente y otros dos no quisieron revelar su implicación. Este seguimiento y análisis a las posturas de los funcionarios se entendió como una investigación interna para buscar a los responsables de la denuncia, más que a aclarar los hechos que se denunciaban, algo que ha querido desmentir la secretaria general.
“El comunicado daba a entender que las filtraciones venían desde donde yo tengo acceso, por eso inspeccioné a todo el mundo, no por una persecución”, aseguraba la mandataria, que ha sostenido que la investigación se ha tomado en serio por la contundencia de las acusaciones.
El escrito de la DADA rezaba que el cambio en la forma de trabajar generaba que se podía “filtrar la fecha y hora de la inspección y avisar a los centros para encubrir las irregularidades e ilegalidades que se están cometiendo”, palabras que acusaban directamente a la consellera, Fabiola García, a la que ponían en el foco por “obstaculizar la eficacia de las inspecciones”.
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