Con Pedro Sánchez ya investido y con la maquinaria del Ejecutivo ya en marcha, el PP comienza a organizar la suya para poner palos en las ruedas del Gobierno. Es el caso de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que con la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta y un párrafo de un artículo en la Ley de Estabilidad Financiera impulsado por Cristóbal Montoro en 2012, los populares tienen los ingredientes necesarios para entorpecer las cuentas del Ejecutivo.
En la elaboración de los PGE es necesario el visto bueno tanto en el Congreso (donde Sánchez podría lograrlo con los apoyos de su investidura), como en el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular. Las dos Cámaras tienen que aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para todas las administraciones. Es esa la carta que pueden jugar los de Feijóo, gracias a un apunte dentro de la Ley Presupuestaria que introdujo Cristóbal Montoro en 2012. Se trata del párrafo 6 del artículo 15 de dicha ley, que permite que el Senado vete los objetivos de déficit y deuda.
“Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”, reza esta ley tras la modificación del exministro de Rajoy.
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De esta forma, el PSOE no solo se expone a la negociación con los grupos que facilitaron la investidura de Sánchez, también al veto del PP en el Senado, que desde Génova ya avisan que intentarán blindar. Lejos de ser un descubrimiento, el veto presupuestario es más bien un déjà vu, sobre todo para María Jesús Montero. La situación ya se produjo en el año 2018, cuando la recién llegada ministra sufrió el distintivo legislativo de Montoro en sus propias carnes y en más de una ocasión. De hecho, el veto del PP en el Senado funcionó y Montero tuvo que conformarse con el límite que había fijado el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Entonces el PSOE ya comenzó a elucubrar sobre cómo saltarse este obstáculo parlamentario del PP. Planteó una reforma legal de la Ley de Estabilidad Financiera para que no fuese necesario que ambas Cámaras aprobasen los objetivos presupuestarios, de forma que si eran rechazados en el Senado, fuese suficiente con que volviesen al Congreso para lograr la luz verde a través de una mayoría simple. La llegada de la pandemia fue lo que frustró este plan de los socialistas, que los populares desempolvan 3 años después para no perderlo de vista.
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Los socialistas advierten al PP de que vetar los presupuestos también perjudicaría a sus Administraciones, puesto que no contarían con techo de gasto, lo que entorpecería a la hora de saber cuáles son sus márgenes y límites. El Partido Popular no se ha pronunciado sobre las advertencias de los socialistas, pero lanzan las suyas: si el PSOE toca el párrafo de Montoro, lo recurrirán tanto a nivel nacional como en instancias europeas. Desde la Dirección Nacional del PP señalan que la intención de Sánchez, si intenta modificar esta ley, es el “control”, por lo que ya avanzan que lo denunciarán en todas las instancias de ser así.
Conferencia de Presidentes
Por otro lado, el Partido Popular ya ha movilizado a sus dirigentes territoriales para convocar una Conferencia de Presidentes. Tras una reunión de la secretaria general, Cuca Gamarra, y los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas del PP, trece de ellos han firmado de manera conjunta una petición para celebrar dicho encuentro, que requiere de la convocatoria del presidente del Gobierno o de diez presidentes autonómicos.
El objetivo del mismo, según apunta el PP, es que Sánchez informe sobre el alcance y los efectos que tendrán los acuerdos para su investidura sobre los principios “básicos” como la igualdad entre españoles o la independencia judicial. Los populares también apuntan a una urgencia en su convocatoria, ya que señalan que su plazo podrá reducirse de los 20 días naturales inicialmente previstos cuando se den razones de urgencia, como es el caso para los de Feijóo.
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