La Guardia Civil ha concluido que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, “realizó cometidos de coordinación” del movimiento Tsunami Democràtic, surgido en 2019 para protestar contra la sentencia del procés, sobre todo en relación a la “búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político”.
El instituto armado ha remitido un informe, de más de 200 folios y fechado este jueves 2 de noviembre, al juez de la Audiencia Nacional que investiga a esta plataforma anónima, en el que dedica un apartado a Marta Rovira, a quien otorga la condición de investigada en los hechos.
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Los agentes identifican a Rovira, procesada en el Tribunal Supremo y huida en Suiza, con el usuario “matagalls”, que aparece en diversas conversaciones telefónicas, y concluyen que dicho usuario “participa en el reclutamiento de gente” y “ejerce de enlace entre Tsunami y la ‘dirección’”.
Esta causa, que lleva meses pendiente de este informe, es una de las que se investigan en la Audiencia Nacional y que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en pleno debate entre el PSOE y sus socios parlamentarios.
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La investigación continúa
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón es el encargado de la investigación en torno a la plataforma independentista Tsunami Democràtic, al que se atribuyen las protestas de 2019 en contra de la sentencia del procés.
El movimiento Tsunami Democràtic surgió en 2019 de forma anónima y clandestina, ganando un gran impulso por las redes sociales. Demostró en poco tiempo su poder de concentración, convocando ese mismo año varias manifestaciones numerosas en contra de las condenas por el procés. La Audiencia Nacional vincula ahora a la actual secretaria general de ERC con el movimiento.
El pasado mes de julio, García Castellón decidió prorrogar el caso hasta el 29 de enero, a la espera de precisar el perjuicio económico que habían causado sus manifestaciones. El juez subrayó entonces que se estaban investigando “delitos de suma gravedad” en el que los investigados “estarían implicados en actividades tecnológicas y de financiación de dicha plataforma y planificación de las actividades subversivas”.
La Audiencia Nacional investiga entre otros las pérdidas económicas ocasionadas por la ocupación del aeropuerto de El Prat en Barcelona el 14 de octubre de 2019 y por los cortes de la autopista AP7 entre el 11 y 13 de noviembre del mismo año.
El caso, sin embargo, podría caer en el amparo de la ley de amnistía, una normativa que Rovira daba “por descontada” a mediados de septiembre. La ex diputada del Parlamento de Cataluña, que reside en Suiza desde el año 2018, fue imputada en 2017 por presunto delito de rebelión debido a su participación en el referéndum de independencia.
(Con información de EFE)
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