El Gobierno vasco comprende el anuncio de Repsol y Petronor de deslocalizar inversiones y asegura que es necesaria “seguridad jurídica”

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este jueves que entiende la postura del presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, de dejar “en stand by” algunas inversiones en Euskadi si no hay un marco regulatorio “estable y previsible”, porque, en su opinión, “al igual que las personas”, las empresas también necesitan “una seguridad jurídica mínima”.

Atuxa se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, a las declaraciones de López Atxurra, que el pasado lunes consideró que sus inversiones “tienen que estar en ‘standby’” si no hay un marco regulatorio “estable y previsible”.

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La dirigente jeltzale ha señalado que hay que entender las palabras de López Atxurra “en su justa medida”, ya que, según ha dicho, el impuesto a las energéticas “se estableció para un año y ahora parece que se va a prorrogar”, por lo que, en su opinión, “es entendible que las empresas se preocupen, ya que necesitan una seguridad jurídica mínima para saber en que ámbito se van a mover en las inversiones a medio y largo plazo que van a realizar”.

“Creo que, en estos momentos, tiene importantes inversiones comprometidas en Bizkaia y algunas de ellas en marcha, y creo que así seguirán. Pero entiendo que, al igual que las personas en nuestro quehacer diario, (las empresas) también necesitan una seguridad jurídica mínima”, ha insistido.

Imaz avisa de que Repsol tiene “otras alternativas”

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido de que la compañía, “antes de tomar cualquier decisión de inversión en España”, analizará si las condiciones son “estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos”, y ha asegurado que si no es así, se cuenta con “otras alternativas”.

Imaz se refirió así al acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición por el que se prevé mantener un impuesto especial para las energéticas y la banca -vigente actualmente para este año y 2024-, que subrayó que se basa en esa negociación entre dos partidos políticos y no representa, a día de hoy, “ningún tipo de ley o proyecto a seguir”.

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No obstante, insistió en que el actual impuesto extraordinario que existe -que grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares-, y que hace que Repsol sea la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año, “es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio”.

“Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país”, afirmó, subrayando que una prórroga de este gravamen “penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética”.