Las vallas de Ceuta y Melilla han sido y son controvertido objeto de debate y epicentro junto al Sáhara de las fricciones entre España y Marruecos. La política migratoria del Gobierno de España aún vigente, aunque en funciones, comenzó en 2018 con la orden del presidente, Pedro Sánchez, de acoger en un puerto español -finalmente Valencia- al barco Aquarius, en el que se encontraban más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo. Pero el mandato trascenderá por otro episodio, que es el salto masivo en Melilla que se saldó con 23 muertos e imágenes conocidas tiempo después muy comprometedoras para el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Grande-Marlaska llegó a Interior con el compromiso de retirar las concertinas, instaladas en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con las que los migrantes se desgarraban la piel, abogando por un sistema más seguro pero menos lesivo. Del lado marroquí, concertinas y cuchillas.
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‘Peine invertido’
La valla de Melilla es visible desde varios puntos de la ciudad, con diez metros de altura formada por barrotes y placas metálicas, coronada por un cilindro ‘antitrepado’ en los tramos “de mayor vulnerabilidad”. La altura del vallado se eleva en éstos un 30% y conlleva una heroicidad tanto escalarlo como afrontar la caída.
La valla se extiende un total de 12 kilómetros y en sus partes más ‘bajas’, de unos seis metros, la estructura culmina en una fila de barrotes curvos, bautizados como ‘peine invertido’, que dificultan pasar al otro lado.
Las obras para sustituir las concertinas comenzaron a finales de 2019, con un presupuesto de 18 millones de euros, repartidos en 8,3 para Ceuta y 9,5 para la citada de Melilla. El trabajo incluía un nuevo circuito cerrado de televisión con cámaras térmicas y sistemas de reconocimiento facial.
Misma operación en Ceuta, con tramos elevados que ya no cortan pero exponen a una caída fatal, medida muy criticada por eurodiputados a la izquierda del PSOE que han visitado la zona en los últimos años. El perímetro fronterizo de Ceuta es de 8,2 kilómetros de longitud.
Vox y el “contexto extraordinario”
El partido más duro en relación con el vallado en Ceuta y Melilla es Vox, que persigue aumentar el número de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en ambas y dotarlos de “todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad y el adecuado ejercicio de sus funciones, especialmente para frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el Gobierno marroquí”. Para completar ese blindaje, Vox pide “la modificación del Tratado del Atlántico Norte para que este recoja e incluya, de forma explícita, a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla bajo la protección de la OTAN”. La propia Alianza y el Gobierno lo ven innecesario en cuanto a que ya es así: en caso de agresión, los aliados se volcarían con España.
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En cuanto al refuerzo, Infobae España ha dado cuenta esta semana de la creación por parte de la Guardia Civil de unidades especiales para vigilar las vallas de Ceuta y Melilla “por el contexto extraordinario”. Estas mujeres y hombres se encargarán exclusivamente de la vigilancia y protección de la frontera de las dos ciudades autónomas. “La relevancia estratégica de los territorios afectados y sus peculiaridades en torno a la seguridad pública y el control de fronteras demandan acciones específicas de alto calado y aconsejan la cualificación del personal en un contexto totalmente extraordinario”, señala la Benemérita en un documento interno al que tuvo acceso este medio.
Los datos oficiales muestran una situación más relajada que en meses y años anteriores. De enero a julio de 2023 llegaron por tierra a Ceuta 510 inmigrantes de manera irregular, un 15% menos que en el mismo periodo de 2022, mientras que a Melilla llegaron 61, lejos de los 1.061 de 2022.
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