La discusión sobre la reforma de pensiones en El Salvador se intensifica mientras persiste la expectativa frente a su presentación en la Asamblea Legislativa, debido a que se venció el plazo asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La diputada Marcela Villatoro advirtió que el proceso legislativo enfrenta retrasos similares a los ocurridos anteriormente, cuando por urgencia se aprobaron reformas bajo dispensa de trámite, es decir de forma exprés, para cumplir con exigencias del FMI.
Según Villatoro, el desafío radica en que esta vez el debate demande mayor seriedad y profundidad técnica, evitando la aprobación acelerada de medidas que incidan en la vida de los ciudadanos.
En la fase más reciente del debate legislativo, Villatoro expresó su preocupación por la posibilidad de que la reforma incluya el aumento de la edad de jubilación.
Señaló en declaraciones a medios: “Yo lo que creo que es algo que va a afectar bastante a la población si se llega a hacer, es el tema de aumentar la edad de la jubilación. Eso es algo que se ha estado diciendo, pero esperaría yo que no fuera algo que venga dentro de la reforma”.
De acuerdo con la diputada, otro aspecto bajo análisis es el incremento en la cotización de los trabajadores, una medida sobre la que “muchas personas hablaban sobre esto que podría darse dentro de estas reformas”.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue consultado este miércoles por periodistas que se encontraban en el recinto acerca de si ya habían recibido la propuesta de reforma de pensiones por parte del Ejecutivo, pero tajantemente respondió que “no”, según un video de radio YSUCA.
También la legisladora Claudia Ortiz destacó otro punto polémico: la eliminación del derecho de los cotizantes de retirar el 25 % de sus ahorros para cubrir emergencias personales. Ortiz señaló, en declaraciones al canal 21, que su bancada propuso que se restituya ese mecanismo, indicando que “se le quitó a los cotizantes el derecho de retirar un veinticinco por ciento de sus ahorros para uso de emergencias personales. Hemos planteado que se devuelva ese derecho de que también la gente pueda retirar un 25 %”.
Además, defendió la necesidad de que el Estado asuma responsabilidades financieras, subrayando: “establecimos que el Estado tiene que empezar a pagar intereses de lo que toma prestado”.
Hasta diciembre de 2025, el saldo de la deuda estatal con los fondos de pensiones privados en El Salvador superó los 11,241 millones de dólares, según los últimos datos disponibles del Banco Central de Reserva (BCR)con base en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Villatoro insistió en que la revisión de la legislación debería involucrar a especialistas del ámbito académico y a sectores directamente afectados. Solicitó que la Asamblea Legislativa conforme una comisión específica que reciba opiniones técnicas y testimonios de beneficiarios y afectados por el sistema previsional, evitando dejar la decisión únicamente en el plano político.
La diputada también enfatizó la importancia de que la reforma establezca una protección firme sobre los fondos de pensiones frente al uso de los futuros gobiernos.
Destacó que la legislación debe “limitar que se sigan ocupando el dinero de los salvadoreños, de las pensiones de los salvadoreños para que lo ocupen los gobiernos”, reclamando que una salvaguarda de este tipo es indispensable para garantizar la integridad de los fondos y evitar que el ahorro de los trabajadores siga visto como un recurso disponible para financiar otras necesidades estatales.
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