El Gobierno recibió a principios de esta semana la mejor noticia posible: tendrá fondos frescos que no estaban contemplados. Se trata de los USD 4.354 millones que le girará el Fondo Monetario en el marco de la súper emisión especial de DEGs -la moneda del organismo- y que servirán para cancelar los vencimientos de este año con el propio Fondo. Aunque el monto resulta sustancial, e incluso allanaría el camino para evitar un acuerdo con el FMI antes de fin de año, no despeja completamente el horizonte de vencimientos de la deuda por venir. Aún en el contexto de la lluvia de dólares provenientes de la liquidación del agro, que registró un volumen inédito durante el verano, y con el extra cash del Fondo, al Gobierno todavía le falta reunir más de USD 3.000 millones para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, pueda aflojarse el nudo de la corbata.
La cifra no es voluminosa, incluso podría considerarse menor y fácilmente asequible en un contexto de mayor estabilidad financiera. Sin embargo, para la Argentina, llegar a cubrir esos pagos puede ser una odisea. Sin acceso al financiamiento en dólares, con un nivel de riesgo país por encima de los 1.500 puntos básicos y reservas netas que no logran recuperarse a pesar del fluido ingreso de divisas del sector agropecuario y las compras del Banco Central, los pagos que por ahora no tienen financiamiento siguen siendo una cuestión pendiente. Sin duda, mucho menor que hasta la semana pasada.
La mayor dificultad sigue siendo el pago agendado para mayo al Club de París, el último remanente tras la renegociación del ex ministro de Economía y ahora gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Son unos USD 2.440 millones, cifra que representa casi 50% de las reservas disponibles del BCRA y que, dados los tiempos, no podrían ser abonados con los dólares del giro excepcional del FMI. Esto porque el directorio del organismo trataría, y eventualmente aprobaría, la emisión especial recién en junio. Y, aunque el vencimiento con el Club de París cuenta con 60 días de gracia antes de caer formalmente en default, los plazos de distribución entre los países se extenderían más allá de julio.
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Así, tras haber abonado en febrero USD 313 millones al FMI, una cifra similar en marzo y otros USD 125 millones que operan con los organismos multilaterales, en mayo la cuenta crece a USD 2.946 millones, trasladables a julio en su mayor parte. A partir de ahí, vuelven a ser manejables los pagos, con un total de USD 1.150 millones entre junio y agosto. Entre septiembre y diciembre, en tanto, vencerán otros USD 5.000 millones, incluyendo los dos pagos al Fondo por USD 4.300 millones que ya no presentarían dificultad en virtud de la decisión del propio organismo.
Para julio, en cambio, la situación es más compleja. Previsiblemente, el Gobierno buscará renegociar ese pago para evitar el default pero lo cierto es que los antecedentes con el Club de París indican que dicha renegociación debe realizarse en el marco de las gestiones con el FMI, con el que el acuerdo, se sabe ya, no estará encaminado para esa fecha. Fue lo que se le planteó al Gobierno argentino durante años cuando, sin el paraguas de un programa con el FMI, se intentó resolver esa deuda. Finalmente, en 2014 lo logró Kicillof, en un acuerdo que el ministro Guzmán criticó públicamente por la alta tasa de interés, de 9%. El objetivo inicial del funcionario era, hasta hace pocos meses, lograr una reducción de esa tasa y obtener un plazo de gracia, siempre en el contexto de las tratativas con el FMI. Pero esos planes han sido alterados.
La otra estrategia posible y, tal vez la más obvia, sería tratar de reunir los dólares necesarios para afrontar ese pago. Sin embargo, hasta ahora al menos, el Banco Central no logró recomponer reservas y hasta optó por destinar divisas a la intervención en el mercado financiero del dólar para mantener a raya la brecha cambiaria, en vez de acumularlas o bien destinarlas al pago de importaciones para sostener la reactivación económica.
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