El denominado Proyecto de Ley Ariel, impulsado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, propone una reforma orientada a ampliar las oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual en Costa Rica y a derribar las barreras estructurales que dificultan su acceso, permanencia y desarrollo dentro del empleo formal.
La iniciativa surge a partir de la experiencia personal de Ariel Ary Chinchilla, un joven periodista costarricense con Síndrome de Down, quien presentó la propuesta al legislador con el objetivo de convertir su trayectoria de vida en un motor de transformación social.
La intención es que el Congreso costarricense discuta y eventualmente apruebe un marco normativo que permita pasar del discurso de inclusión a acciones concretas respaldadas por ley.
De acuerdo con Feinzaig, el proyecto nace tras escuchar directamente a personas con discapacidad intelectual que desean incorporarse al mercado laboral, aportar al desarrollo del país y alcanzar independencia económica, pero que en la práctica encuentran puertas cerradas.
“La iniciativa nace escuchando y aprendiendo de personas con discapacidad intelectual que quieren trabajar, aportar y desarrollarse, pero que hoy encuentran puertas cerradas. Es responsabilidad del Estado abrir esas puertas con respeto y oportunidades reales”, afirmó el diputado y excandidato presidencial.
La propuesta legislativa plantea una serie de medidas estratégicas que buscan garantizar una inclusión laboral real y sostenible. Entre los ejes principales se encuentra la creación de plazas laborales accesibles tanto en el sector público como en el privado, así como la eliminación de barreras en los procesos de contratación, que muchas veces excluyen desde el inicio a personas con discapacidad intelectual debido a requisitos estandarizados que no consideran ajustes razonables.
El proyecto también contempla la incorporación de mecanismos de acompañamiento que faciliten la inserción y permanencia en el empleo. Estos apoyos podrían incluir tutorías laborales, procesos de adaptación progresiva y herramientas de orientación tanto para la persona trabajadora como para el empleador, con el fin de garantizar entornos inclusivos y productivos.
Otro de los puntos centrales es el reconocimiento del teletrabajo accesible como un ajuste razonable. La iniciativa propone que el trabajo remoto pueda convertirse en una alternativa formal para personas con discapacidad intelectual, siempre que existan condiciones tecnológicas y de supervisión adecuadas. En ese sentido, el texto sugiere que se habilite el acceso a equipos electrónicos y recursos tecnológicos mediante fondos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), con el propósito de reducir la brecha digital y ampliar las posibilidades de inserción.
Además, se promueve la implementación de horarios flexibles y formas de comunicación claras y adaptadas, entendiendo que la inclusión no se limita al acceso al puesto de trabajo, sino que debe garantizar condiciones que permitan un desempeño efectivo y digno. El proyecto también plantea autorizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para establecer un régimen flexible de aseguramiento, que permita a las personas cotizar en función de las horas efectivamente trabajadas, lo que facilitaría la formalización laboral en casos de jornadas parciales o adaptadas.
Para sus impulsores, la inclusión laboral no debe concebirse como un acto de caridad ni como una concesión excepcional, sino como el reconocimiento del valor, la dignidad y el potencial de cada persona. “La inclusión laboral no es un favor ni una excepción, sino el reconocimiento del valor y dignidad de cada persona, y este proyecto busca que más personas con discapacidad puedan acceder a un empleo digno, acorde a sus capacidades y a sus sueños”, enfatizó Feinzaig.
El Proyecto de Ley Ariel se enmarca en un contexto en el que diversas organizaciones y colectivos han señalado la necesidad de fortalecer políticas públicas que promuevan la empleabilidad de personas con discapacidad, no solo desde una perspectiva de derechos humanos, sino también como una estrategia de desarrollo económico y cohesión social.
La discusión legislativa que eventualmente enfrente la iniciativa podría marcar un precedente en materia de inclusión laboral en Costa Rica, al establecer herramientas concretas para reducir desigualdades históricas y avanzar hacia un mercado de trabajo más accesible, diverso y equitativo.
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