El presidente Gustavo Petro sostuvo que la salida del general (r) Jorge Ricardo Hernández del Ejército no obedeció al operativo contra la caravana en la que se movilizaba alias Calarcá en Antioquia el 24 de julio de 2024, sino a una investigación interna por presuntos vínculos con tráficos asociados al oro.
Durante el Consejo de Ministros en horas de la noche del 16 e junio de 2026, el mandatario afirmó que la decisión fue preventiva y que el origen de la información no estuvo en el Gobierno, sino en las propias Fuerzas Militares.
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La explicación oficial incorporó un dato que desplaza el eje de la controversia: Petro vinculó el caso con una disputa por el oro en Antioquia y con denuncias publicadas en la prensa sobre una supuesta relación entre miembros de la fuerza pública y estructuras armadas. Según dijo, la pesquisa apunta a “militares corruptos” que reciben dinero de esa actividad.
Petro respondió en la misma discusión que el hallazgo “no” lo hizo él, sino la institución castrense. “Es con la competencia por el oro en Antioquia”, dijo el presidente durante el Consejo de Ministros, al ubicar allí la causa de fondo del retiro.
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La versión del presidente se apoyó en una secuencia concreta: primero, una denuncia pública que buscaba mostrar que los uniformados cuestionados estaban aliados con Calarcá; después, una investigación que, según su relato, condujo a otra hipótesis. “Y resulta que todo lo que indica esa investigación es que militares corruptos, que reciben dinero del oro, unos grupos, supongo que otros no, no sé”, dijo Petro durante el consejo de ministros.
Esa formulación dejó una precisión política y otra judicial. La política es que el retiro del general, de acuerdo con Petro, no se originó en una represalia por el procedimiento del 24 de julio de 2024; la judicial es que el presidente atribuyó a la Fiscalía la definición final sobre la validez de los hallazgos.
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General explió el por qué de su retiro del Ejército
El general retirado Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la IV Brigada del Ejército, afirmó que su salida de la institución respondió a la incomodidad del Gobierno por un operativo realizado el 23 de julio de 2024, en el que se detuvo en Antioquia a un hombre identificado como alias Calarcá, líder de una facción de las disidencias de las Farc.

Según Hernández, el caso no recibió reconocimiento militar y afectó su carrera, ya que no hubo respaldo de sus superiores tras la captura. “Hubo silencio absoluto. No hubo felicitación, no hubo reconocimiento”, expresó Hernández en diálogo con Noticias RCN.
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El exoficial relacionó su declaración pública con una depuración en la cúpula militar, señalando que entre 2022 y 2026 salieron más de 70 generales, especialmente aquellos que enfrentaron estructuras criminales o realizaron denuncias internas. Hernández relató que ocupaba la jefatura de la brigada con sede en Medellín y jurisdicción en la mayor parte de Antioquia cuando ocurrió la detención de Calarcá, considerado un objetivo de alto valor.
Indicó que la reacción oficial a su operativo se tradujo en traslados y exclusión de estímulos, y que al cabo de año y medio, en una reunión con altos mandos, le comunicaron que el Gobierno estaba incómodo con él, y que por ese motivo prescindían de sus servicios. Si bien la explicación formal apuntaba a una investigación disciplinaria en el Comando de Ingenieros, los interlocutores hicieron referencia a “lo que pasó en Medellín”.
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Hernández también sostuvo que existe una asimetría operativa entre las acciones contra las disidencias de alias Iván Mordisco y las de “Calarcá”, ya que la orden de captura de este último fue suspendida por encontrarse en proceso de paz.
Para el general retirado, esa restricción favoreció el fortalecimiento de la organización criminal, así como la expansión de actividades ilícitas, asesinatos de líderes sociales y reclutamiento de menores. Hernández concluyó que hay una diferencia en la contundencia con que el Ejército enfrenta a distintos grupos y que la presión sobre oficiales como él está vinculada a esa política.
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