Un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de un ciudadano extranjero señalado de presuntamente cometer abuso sexual contra un menor en un balcón de una vivienda ubicada en la localidad de Usaquén.
De acuerdo con la información entregada por el secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo, la intervención fue posible gracias al aviso inmediato de residentes del sector. “La comunidad alertó a la Policía sobre conductas abusivas de un adulto hacia un niño dentro de un edificio”, precisó Restrepo en una declaración difundida por la red social X.
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El niño implicado fue rescatado y trasladado a un centro médico, mientras que el presunto agresor permanece bajo custodia policial para la verificación de identidad y antecedentes. En el lugar del incidente se encontraban además otros dos menores, que también recibieron atención por parte de las autoridades.
La Procuraduría General de la Nación expresó su condena por “el acto de violencia sexual perpetrado contra una menor de edad presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá”.
El Ministerio Público solicitó a las instituciones competentes “garantizar la protección integral de los niños, adelantar investigaciones y verificar el restablecimiento de sus derechos”.
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La Procuraduría también exigió que las autoridades actúen “con celeridad, contundencia y prioridad absoluta frente a este caso”, subrayando la necesidad de respuestas inmediatas ante situaciones que involucran a menores. Paralelamente, cifras oficiales revelaron un aumento en los controles migratorios: hasta el 21 de abril, Colombia inadmitió a más de 60 extranjeros sospechosos de buscar ingresar con fines de explotación sexual, superando la mitad de los casos registrados durante todo 2025.
Según datos de Migración Colombia, la tendencia mostró un crecimiento preocupante. El departamento de Antioquia, especialmente Medellín, concentró la mayor cantidad de turistas extranjeros a quienes se les negó el ingreso por sospechas de explotación sexual infantil.
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En lo que va de 2026, se han reportado 48 inadmisiones en la región, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, mientras que el año anterior se contabilizaron 80 rechazos en el aeropuerto internacional José María Córdova. Las autoridades insisten en la importancia de la vigilancia y la denuncia ciudadana para proteger a la niñez frente a delitos de explotación y abuso.
Abelardo de la Espriella exigió endurecer penas y controles migratorios para proteger a la niñez
Tras lo anterior, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó su postura frente a los recientes casos de violencia sexual contra menores en Colombia.
En su publicación, De la Espriella afirmó: “Monstruos como este no volverán a entrar a Colombia a hacer lo que les venga en gana. Desde el día uno de mi Gobierno implementaré controles migratorios reales y efectivos para que depredadores extranjeros jamás pisen nuestro territorio”.
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El aspirante presidencial enfatizó la necesidad de endurecer las sanciones para quienes cometan delitos graves contra menores.
“¿Les parece extrema la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños? ¡Para mí es la máxima coherencia!”, sentenció De la Espriella, quien reiteró que su propuesta incluye la implementación de penas más severas para proteger a la infancia.
En su pronunciamiento, el candidato criticó duramente a las administraciones anteriores, señalando: “Se acabaron los días en que los más pequeños están a merced de los criminales. Se acabaron los días en que gobiernos como los de Petro y Cepeda premian a ‘Tornillo’ y a otros degenerados”.
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La mención de figuras políticas y casos emblemáticos subrayó el carácter político de su mensaje, enmarcando la seguridad infantil como eje central de su campaña.
De la Espriella concluyó su intervención con un llamado a la acción y defensa de la niñez: “¡Firme en la defensa de nuestros niños! ¡Firme por la Patria!”.
Su propuesta busca posicionar el fortalecimiento de los controles migratorios y el endurecimiento de las penas como prioridades en caso de llegar a la Presidencia, en respuesta a la preocupación social por la protección de los menores de edad frente a delitos sexuales y violencia.
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