La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, situándola en 11,25%, generó una crisis institucional de gran magnitud y profundizó el enfrentamiento político entre el Ejecutivo y los responsables de la política monetaria.
El episodio, ocurrido en una sesión donde el ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó la medida como “desproporcionada”, deriva de un contexto marcado por la persistente inflación y presiones internacionales.
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“Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la Junta Directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país, proponiendo un incremento adicional de 100 puntos en la tasa de referencia, con lo cual van a afectar de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía en el país”, afirmó el titular de la cartera.
En reacción, María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, criticó en sus redes sociales la decisión del Ejecutivo. A la par, pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar al ministro de Hacienda, que calificó de “caprichoso”, argumentando que Ávila está incumpliendo su deber de mantenerse en la junta del Banco de la República.
“¿Dónde está el Procurador General? El Ministro de Hacienda Germán Ávila no puede comportarse como un adolescente caprichoso. Tiene un deber constitucional y legal que lo obliga a mantenerse como cabeza de la junta directiva de la Junta del Banco de la República (sic)”, expuso en su cuenta de X.
Y agregó: “¡La pataleta del Ministro de Hacienda nos sale cara! Levantarse de la Junta del Banco de la República es una afrenta a la democracia y el inicio del guion venezolano. Su ceguera técnica genera una costosa incertidumbre que castiga el bolsillo de los más pobres.Ministro: cumpla la ley o deje el cargo".
En ese escenario de tensión, Iván Duque, expresidente de Colombia, subrayó que ni siquiera los codirectores designados por Petro respondieron a sus expectativas políticas y advirtió sobre los riesgos de perder la autonomía institucional del Banco de la República.
“Cambió los codirectores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado”, manifestó Duque.
Otra de las voces que se sumaron al rechazo fue Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, quien denunció el impacto sobre la confianza en las instituciones y la economía tras la ruptura del vínculo entre el Gobierno y el banco central. Oviedo detalló que esta fractura puede derivar en “plata más cara, créditos más difíciles, más presión para las familias”, lo que significa que “el costo llega a la casa de todos”.
Para Oviedo, la declaratoria del Banco como adversario responde a una lógica electoral riesgosa y anticipó que “lo que viene es más división, más gritos y menos responsabilidad”.
La defensa de la independencia institucional ante la crisis
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, defendió la autonomía y el mandato constitucional de la entidad. “Entiendo que planteó que la Junta Directiva o los cuatro miembros que están tomando la decisión de subir la tasa de interés están tomando decisiones basados en intereses particulares. Yo debo decir rotundamente que eso no es así”, respondió a las objeciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Villar reforzó la legitimidad del órgano al afirmar que “la Junta Directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional”. Insistió en la función fundamental de la institución: “La principal misión del banco es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana”, señalando que este principio está consignado de forma explícita en la Constitución de Colombia y que todos los miembros asumen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad, con excepción del ministro de Hacienda.
El episodio abre un periodo de incertidumbre institucional en el que la relación entre el Gobierno y el banco central permanece tensionada y supeditada a futuros acuerdos sobre la orientación de la política monetaria.
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