El Gobierno de Ecuador anunció un aumento significativo en la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, que pasará del 30% al 50% a partir del próximo 1 de marzo.
La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones mediante un comunicado difundido desde Quito el 26 de febrero de 2026.
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Según el pronunciamiento oficial, el incremento responde a la falta de implementación de medidas “concretas y efectivas” en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia.
El documento señala que Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas con el objetivo de proteger su territorio y fortalecer los controles frente a amenazas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, fenómenos que han afectado la estabilidad en la zona limítrofe entre ambos países.
La tasa de seguridad es un recargo que el Estado ecuatoriano aplica a ciertos productos importados como mecanismo de control y financiamiento de políticas vinculadas a la seguridad nacional. Con el nuevo ajuste, los bienes que ingresen desde Colombia estarán sujetos a una carga adicional mayor, lo que podría elevar los costos para importadores, distribuidores y consumidores finales dentro del mercado ecuatoriano.
Este cambio modifica sustancialmente las condiciones comerciales vigentes entre dos economías que mantienen un flujo constante de intercambio de productos.
En su comunicado, el Gobierno ecuatoriano explicó que la medida busca fortalecer la corresponsabilidad en el combate al narcotráfico y otras actividades ilícitas que operan en la frontera común.
Las autoridades señalaron que la decisión no solo responde a criterios económicos, sino principalmente a la necesidad de reforzar la seguridad nacional en un contexto regional complejo, donde las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa y su influencia en corredores estratégicos de transporte.
Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región, con un intercambio que incluye alimentos, productos industriales, insumos agrícolas y bienes manufacturados.
La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró el 25 de febrero que la comunicación con Colombia se mantiene activa a través de distintos niveles diplomáticos.
La funcionaria indicó que continúan los contactos formales entre las representaciones diplomáticas y las autoridades de ambos países, lo que permite sostener conversaciones sobre temas comerciales y de seguridad en la frontera.
Por el momento, las autoridades ecuatorianas no han detallado si el incremento será temporal o si forma parte de una estrategia de largo plazo. Tampoco se han anunciado medidas complementarias para mitigar el impacto económico en sectores específicos.
Sin embargo, el mensaje oficial asegura que la prioridad del Gobierno es fortalecer los mecanismos de control frente a amenazas de seguridad, incluso si ello implica modificar las condiciones comerciales existentes con uno de sus principales socios regionales.
La reciente guerra comercial entre Colombia y Ecuador estalló formalmente a finales de enero de 2026. El conflicto comenzó cuando el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa decidió imponer un sorpresivo arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia.
Ecuador justificó la medida bajo el argumento de seguridad nacional. Aseguró que el gobierno de Gustavo Petro mostraba una falta de compromiso y no implementaba medidas concretas ni efectivas en la frontera común para frenar el paso del narcotráfico y la minería ilegal.
Colombia rechazó de inmediato la medida, considerándola un grave desequilibrio y una violación directa a las normas de libre comercio de la Comunidad Andina (CAN). Tras el fracaso de las negociaciones bilaterales a principios de febrero, Bogotá activó su respuesta: mediante un decreto impuso un arancel recíproco del 30 % a 73 productos ecuatorianos —como arroz, azúcar y plátano— y restringió el ingreso por vía terrestre de varios bienes básicos por Ipiales y Puerto Asís.
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