Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

Lo que comenzó como un simple accidente de tránsito en El Rodadero, popular balneario de Santa Marta, terminó en una preocupación mucho mayor: la presunta presencia y control de grupos armados.

En un video publicado en sus redes sociales, Luis Miguel Moisés, defensor ambiental, afirmó que su hijo fue amenazado y forzado a entregar 1,5 millones de pesos tras el incidente vial, bajo la amenaza explícita de ser “llevado a la Sierra Nevada” si no accedía al pago.

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En su denuncia, el ciudadano señaló que, al momento de los hechos, no recibió atención de policías ni de funcionarios de tránsito, sino que, según su relato, se presentaron hombres en motocicleta que afirmaron pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidos como Los Pachenca.

“Ese accidente, que debió ser cubierto por una póliza, vinieron ellos, que son la póliza, le quitaron 1.500.000 pesos y si no los daban, se los iban a llevar a la Sierra Nevada de Santa Marta”, narró Moisés.

Además, sostuvo que tales prácticas no constituyen hechos aislados, sino que reflejan una dinámica asentada en el sector.

“Acá en el Rodadero, en cada barrio de Santa Marta, los miserables paramilitares le cobran semanalmente a los más trabajadores, a los más vulnerables, un dinero. Acá, los carperos tienen que pagar semanalmente 10.000 pesos. Y acá, en este punto, al frente del Santa María del Mar, se parquean unas motos, tricimotos, que por un evento X, Y, en vez de llamar a la Policía Nacional, llaman a los paramilitares, porque para ellos son la máxima autoridad”, explicó.

Respuesta de las Acsn

Ante la difusión de la denuncia, el estado mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada publicó un comunicado negando haber amenazado o participado en los hechos.

En la misiva, la organización aseguró que se pronunció para “desmentir dichas amenazas” atribuidas por Moisés y afirmó que no tuvo nada que ver con el cobro tras el accidente, aunque reconocieron que históricamente ha ejercido “control territorial” por la ausencia estatal en la región. “En este caso específico no tenemos absolutamente nada que ver”, se lee en el documento.

Así mismo, reiteraron que están comprometidos con la política de Paz Total, impulsado por el presidente Gustavo Petro, por lo que insisten en la salida del diálogo para poner fin al conflicto en la región.

“Respetando los pactos y compromisos que en el marco de la Ley 2272 de Paz Total se han pactado con el gobierno nacional reiteramos nuestra mayor disposición y voluntad de paz, pero más encima de todo el respeto por las leyes. a la soberanía samaria junto con la sociedad civil”, indicaron.

Defendieron que su presencia responde “a la defensa de la seguridad y derechos sociales de la población” y negaron ejercer violencia o amenazas en el hecho denunciado.

Amenazas contra defensor ambiental

Sin embargo, la situación empujó a Moisés a trasladar a su familia fuera de Santa Marta por seguridad.

Desde su exilio forzado, sostuvo: “Con mi familia fuera de la ciudad, me quedo en búsqueda de una paz para todos y todas”, y pidió a las autoridades proteger a la ciudadanía y erradicar la llamada “vacuna”, término popular para referirse a la extorsión sistemática en la región.

“Elevo la necesidad de un diálogo que permita conducir al sometimiento de estos grupos armados en la ciudad. Pero para que ello suceda, necesitamos que ustedes dejen de fregar al pueblo samario. Es necesario. Cada peso que los samarios y samarias le pagan a ustedes en vacunas, es una oportunidad perdida en educación, en salud y en tranquilidad”, indicó.

Reacción de las autoridades

Ante la gravedad del caso, la administración distrital de Santa Marta convocó un Consejo de Seguridad y solicitó a la Fiscalía y la Policía Judicial abrir investigaciones inmediatas, identificar a los responsables y ofrecer garantías para las víctimas y quienes denuncian.

Autoridades y organizaciones sociales han pedido una acción contundente que restituya la presencia estatal y frene la imposición de normas y extorsiones por parte de actores armados en el sector turístico.

Jennifer del Toro, titular de la Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta, reiteró la imposibilidad legal de que organizaciones armadas suplanten al Estado o ejerzan autoridad, participen o no en diálogos oficiales, por lo que hizo un llamado a la Policía Metropolitana y la Fiscalía a iniciar investigaciones inmediatas para esclarecer el incidente y determinar responsabilidades.