Autoridades de Colombia incautaron helicóptero Hughes 500 utilizado para el narcotráfico: ya había sido confiscado en 1992

Autoridades militares y judiciales de Colombia incautaron un helicóptero Hughes 500, presuntamente vinculado al narcotráfico, durante tres operativos en los municipios de Funza y Cota, en Cundinamarca, y en el aeródromo de Guaymaral, en Bogotá.

Además de la aeronave, se confiscó un motor aeronáutico. La acción fue coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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La operación estuvo liderada por el Grupo de Caballería Mediano N.° 13 Tequendama y el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). El objetivo era desmantelar el uso de infraestructura aeronáutica en actividades ilícitas.

Las inspecciones se focalizaron en los puntos identificados por labores de inteligencia en Cundinamarca y el norte de la capital.

Durante la diligencia, las autoridades incautaron el helicóptero Hughes 500 y un motor Rolls-Royce. Ambos están bajo sospecha de haber sido empleados por estructuras criminales involucradas en delitos de narcotráfico.

En una revisión rapida en interet, comparando diferentes provehedores de este tipo de vehpiculos aereos, Infobae Colombia determinó que el precio de un helicóptero MD Helicopters MD 500E (sucesor del Hughes 500) nuevo ronda los $2.5 millones de dólares. Con la tasa de cambio promedio actual de $3,696 pesos colombianos por dólar, esto equivale a aproximadamente $9.242 millones de pesos colombianos.

Para modelos más avanzados o variantes como el MD-530F, cuyo costo puede superar los $2.4 millones de dólares, el precio supera los $8.872 millones de pesos colombianos.

Los modelos usados o de generaciones anteriores (500D) pueden variar significativamente según su estado y horas de vuelo.

Por otro lado, en esa misma revisión el precio de los motores de helicóptero Rolls-Royce, como la popular serie M250 utilizada en aeronaves ligeras, varía significativamente según el modelo, la condición (nuevo o revisado) y los componentes incluidos, situándose generalmente en cientos de miles de dólares por unidad. Con una tasa de cambio promedio de $3,696 pesos colombianos por dólar, esto representa un rango de precios entre $369 millones y $1,108 millones de pesos colombianos aproximadamente.

Estos motores turboeje destacan por su fiabilidad en el sector civil y militar. Como referencia, motores de turbina similares (como el M250-C20B) han sido utilizados en aplicaciones especiales como la motocicleta MTT 420RR, que tiene un valor extremo debido al motor, superando los $275,000 USD (aproximadamente $1,016 millones de pesos colombianos).

Las verificaciones iniciales indican que el helicóptero ya había sido incautado por la Policía Nacional en 1992. Actualmente, pesan sobre él dos denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria, lo que evidencia su posible uso recurrente en actividades ilícitas.

En los primeros exámenes técnicos, peritos aeronáuticos detectaron que los remaches de la placa de identificación no correspondían a los originales de fábrica. Esto podría señalar una adulteración de la identificación aeronáutica y es ahora un foco clave en las investigaciones por falsedad marcaria.

La incautación se justificó en esas irregularidades y motivó que la aeronave quedara bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades anunciaron el inicio de un estudio técnico detallado para establecer la autenticidad, la trazabilidad y la legalidad de los registros de la aeronave.

El brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Brigada 13, destacó la relevancia de la operación. Señaló que la colaboración entre Ejército, Fuerza Aeroespacial y Fiscalía permite atacar directamente a estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en el centro del país.

Las instituciones involucradas aseguran que el incremento de este tipo de operativos fortalece el control sobre el uso ilegal de aeronaves civiles y refuerza el compromiso estatal de enfrentar las actividades del crimen organizado.

Con este resultado, se generan obstáculos a las finanzas ilícitas de las organizaciones ilegales activas en la región y se consolida el esfuerzo institucional por la seguridad de la población.