La muerte de Kevin Acosta, un menor de siete años que sufría de hemofilia y quien falleció en medio de dificultades para acceder a sus medicamentos por parte de la Nueva EPS y también por cuenta de una caída en bicicleta, reavivó el debate sobre los efectos de la reforma a la salud en Colombia. El caso generó indignación en redes sociales y motivó cuestionamientos hacia las autoridades nacionales.
En este contexto, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, publicó un mensaje dirigido a la cantante Adriana Lucía, quien en el pasado manifestó apoyo al actual Gobierno.
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En la red social X, Lafaurie preguntó: “¿Ya Adriana Lucía dijo algo del gobierno que ella ayudó a elegir y que está matando a los niños con la reforma a la salud?”. Su comentario apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo en las fallas del sistema sanitario y a la falta de pronunciamiento de figuras públicas que respaldaron la administración.
El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, ocurrido tras demoras en la prestación de atención médica, se ha convertido en símbolo de las deficiencias que denuncian algunos sectores frente a la actual política de salud. Políticos han exigido respuestas claras y soluciones inmediatas para evitar nuevos casos.
Esto dijeron Gustavo Petro y Armando Benedetti sobre la muerte del niño Kevin Acosta
El 17 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro ofreció detalles sobre el fallecimiento de Kevin Acosta, tras analizar el informe oficial presentado por el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo.
Según lo expuesto por el mandatario, la madre del menor firmó un documento rechazando la intervención quirúrgica recomendada por los médicos, quienes consideraron necesario el procedimiento tras el accidente que había sufrido el niño.
“El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención”, explicó Petro durante un evento en Uribia, La Guajira.
El presidente enfatizó que “hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”. Añadió que la información fue comunicada a la madre y que “no estamos tapando algo con otra cosa”, en referencia a las críticas recibidas.
El pronunciamiento presidencial generó una ola de reacciones en sectores sociales, exfuncionarios y organizaciones defensoras de derechos en salud, así como en la oposición, que calificó de “inhumano” e “indolente” el enfoque del Gobierno al revelar detalles del caso.
Ante estos cuestionamientos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión de Petro, argumentando que el objetivo era transparentar los hechos y proteger el sistema de salud.
“El presidente lo que estaba buscando son unas causas y unos responsables”, afirmó Benedetti en rueda de prensa, quien también comunicó que existen investigaciones para esclarecer posibles irregularidades en la atención médica del menor.
“Se está buscando quiénes son los responsables”, reiteró el funcionario, comprometiéndose a revelar los hallazgos cuando concluyan las indagaciones oficiales.
Defienden derechos de Yudy Pico: candidata del Centro Democrático exige respeto y rectificación al Gobierno
Por otro lado, Marcela García, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y abogada, presentó una tutela en defensa de Yudy Katherine Pico, madre de Kevin Acosta.
García actuó como agente oficiosa tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó públicamente a la mujer por la muerte de su hijo, vulnerando, según la jurista, sus derechos a la intimidad, honra, buen nombre y dignidad.
García afirmó: “El dolor de una madre no puede convertirse en escenario de señalamientos públicos sin sustento judicial. En Colombia, el poder tiene límites. Y la dignidad humana está por encima de cualquier narrativa oficial”.
Solicitó al juez constitucional medidas cautelares para que el presidente y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, cesen los señalamientos y retiren la información médica divulgada.
La acción de tutela exige rectificación pública y protección de los derechos fundamentales de Yudy Pico, argumentando que su caso trascendió el ámbito personal al enfrentar una narrativa oficial sin derecho de réplica.
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