Pensiones en Colombia estarían en reisgo por nuevas reglas del Gobierno y salario mínimo, aseguró Fitch Ratings

La firma internacional Fitch Ratings lanzó una advertencia sobre el sistema pensional colombiano. En un informe publicado el 18 de febrero de 2026, la calificadora señaló que el incremento del salario mínimo y los recientes cambios regulatorios están elevando los riesgos para las aseguradoras que pagan rentas vitalicias y para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El punto de partida es el aumento de 23% del salario mínimo que comenzó a regir el 1 de enero de 2026. Ese incremento fue muy superior a la inflación con la que cerró 2025 (5,1%). En Colombia, ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo, por lo que cuando este sube con fuerza, también crecen automáticamente muchas mesadas pensionales.

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El problema, según Fitch, es que las aseguradoras que pagan esas pensiones no siempre logran que sus inversiones crezcan al mismo ritmo. La diferencia entre lo que sube el salario mínimo y la inflación —conocida como “slippage”— hace que las obligaciones aumenten más rápido de lo previsto. En otras palabras, estas deben pagar más dinero del que habían calculado inicialmente.

A esto se suma que las compañías no pueden cambiar de inmediato la forma en que tienen invertidos sus recursos. Buena parte de los portafolios de las rentas vitalicias está invertida en títulos de deuda pública atados a la inflación (TES en UVR o IPC), que en 2025 ofrecieron rendimientos entre 9% y 11,5%, dependiendo del plazo. Sin embargo, en años en los que el salario mínimo sube muy por encima de la inflación, esos retornos podrían no ser suficientes para cubrir el mayor costo de las pensiones.

Otro elemento clave es el Decreto 1485, expedido el 31 de diciembre de 2025. Esta norma modificó el esquema con el que el Estado ayudaba a compensar la diferencia entre el aumento del salario mínimo y la inflación. Con el nuevo marco, el respaldo estatal se reduce y una mayor parte del riesgo queda en manos de las aseguradoras, lo que incrementa la presión sobre su capital.

Fitch calcula que las compañías más expuestas podrían necesitar fortalecer sus reservas técnicas en montos equivalentes a entre 15% y 20% de su capital. Esto golpearía directamente sus utilidades y podría llevar a que algunas reporten pérdidas al cierre de 2025 o en los primeros meses de 2026. Aunque la calificadora no anticipa rebajas inmediatas en las notas de riesgo, sí anunció que vigilará de cerca los indicadores de solvencia, rentabilidad y manejo financiero de las entidades afectadas.

El informe también advierte que este entorno podría llevar a que las aseguradoras encarezcan sus productos, endurezcan las condiciones para nuevos afiliados o incluso reduzcan su interés en ofrecer rentas vitalicias equivalentes al salario mínimo. En especial, las coberturas por invalidez y sobrevivencia podrían dejar de ser rentables si las primas necesarias resultan demasiado altas.

Pero la alerta no se limita a las aseguradoras. Fitch también analizó la propuesta del Gobierno de limitar gradualmente la inversión en activos extranjeros de las AFP hasta un máximo de 30%. Hoy, los fondos privados tienen en promedio 49% de sus recursos invertidos fuera del país, dentro de un total administrado de 527,3 billones de pesos.

La propuesta plantea bajar esa exposición a 35% en el tercer año y a 30% en el quinto año, aprovechando nuevos aportes y vencimientos de inversiones para evitar ventas masivas. Sin embargo, la industria ha advertido que esta restricción podría reducir la rentabilidad de los ahorros pensionales.

Según cifras citadas en el informe, los portafolios diversificados globalmente lograron retornos promedio de 8,5% anual con menor nivel de riesgo durante los últimos 15 años, mientras que los portafolios concentrados únicamente en Colombia obtuvieron retornos de 3,8% con mayor volatilidad.

Además, Fitch alertó sobre el riesgo de que los fondos terminen con una mayor concentración en deuda pública local, que ya representa cerca de un tercio de la deuda del Gobierno y alrededor de 35% de los portafolios. Una exposición excesiva a un solo emisor podría aumentar la vulnerabilidad del sistema y afectar, en el largo plazo, la capacidad de los trabajadores para alcanzar una pensión adecuada.