El acto de entrega oficial de cinco camionetas blindadas a los Grupos de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), presidida por el nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó la postura del titular de la cartera sobre la necesidad de proteger a los servidores públicos encargados de la custodia y vigilancia en los centros de reclusión. Lo anterior, ante el incremento en las amenazas contra estos oficiales a lo largo y ancho del país.
En la ceremonia, Cuervo encabezó un minuto de silencio en memoria del hijo del director de la cárcel de Neiva, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, y el asesinato del subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio. El ministro advirtió que situaciones como estas no pueden tolerarse y enfatizó que el reforzamiento de la flota vehicular es solo una de las medidas previstas por el Gobierno para salvaguardar la vida de los funcionarios del Inpec.
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“Quiero detenerme y aprovechar este momento y, hoy en día, que es especial para la comunidad católica, para recordar con profundo respeto y dolor los atentados contra el director y subdirector de la cárcel de Neiva. Estos hechos no pueden volver a pasar. No podemos permitir que quienes lideran y sirven en el sistema penitenciario sean perseguidos o atacados por cumplir con su deber”, expresó Cuervo, que le dio un fuerte espaldarazo a los efectivos carcelarios.

“Esta decisión refleja una prioridad clara: proteger la vida de nuestros guardianes y de todas las personas que hacen posible el funcionamiento del sistema penitenciario”, afirmó Cuervo sobre el particular. La inversión para adquirir estos vehículos supera los 2.500 millones de pesos, cifra que representa la primera compra directa de camionetas blindadas por parte del Inpec, que se ha visto vulnerada con el accionar de las estructuras delincuenciales.
Las unidades, dotadas con tecnología de protección balística, permiten el transporte seguro de hasta diez personas privadas de la libertad, bajo la custodia de seis funcionarios del instituto, incluyendo al conductor. Conforme a la planeación operativa y los análisis de riesgo de los Grupos de Operaciones Especiales (Grope), las camionetas serán desplegadas en ciudades como Bogotá y Barranquilla, donde la demanda operativa es constante.

Las medidas del Ejecutivo para reforzar la seguridad penitenciaria
Cuervo indicó que la necesidad de brindar mejores garantías no solo responde a la protección del personal, sino que también busca robustecer la capacidad del Estado para enfrentar riesgos asociados al crimen organizado. El ministro recordó que, un mes antes, el Gobierno había anunciado una inversión cercana a los $16.000 millones para dotar de chalecos, cascos y otros elementos de protección al cuerpo de custodia y vigilancia del instituto penitenciario.
Por su parte, el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, calificó la adquisición de estas camionetas como un avance institucional sin precedentes. “Es la primera vez que el Inpec adquiere directamente vehículos blindados con estas características, lo que marca un paso importante en la transformación institucional y en el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria”, explicó el alto funcionario, que ha tenido que lidiar con esta problemática.

Así pues, se anunció la incorporación de siete camionetas 4x4 adicionales, por un valor cercano a $41.000 millones, previstas para marzo. Desde el Gobierno, se insistió en que la seguridad penitenciaria impacta más allá de los muros de los establecimientos de reclusión, por lo que se reiteró la urgencia de llevar a cabo traslados seguros y operaciones controladas que contribuyan a reducir intentos de fuga, minimizar riesgos de atentados y enfrentar amenazas del crimen.
“Hoy damos un paso concreto hacia condiciones más dignas y seguras para quienes cumplen una misión fundamental para la sociedad, la vida de los guardianes del Inpec es una prioridad”, expresó el ministro de Justicia, que remarcó su intención, en lo que resta de la presenta administración, de fortalecer la seguridad de los que trabajan en el sistema penitenciario para evitar alteraciones en las cárceles.
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