Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

La infiltración de criminales en las escuelas de Jamundí encendió una alerta en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que están implementando diferentes estrategias para enlistar a menores de edad a sus filas.

Según datos revelados por la Fundación Territorio de Paz, el reclutamiento forzado se ha triplicado en los últimos tres años, pasando de 76 reportes a más de 300 casos verificados y denunciados ante la justicia. Esta crisis expone la falta de presencia estatal en siete corregimientos de la zona alta, donde la disidencia Jaime Martínez actúa afectando la cotidianidad de la ciudadanía.

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De acuerdo con el reporte, en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, los integrantes de este grupo armado han adoptado la estrategia de ingresar a las escuelas, haciéndose pasar por estudiantes para persuadir a los jóvenes para hacer parte de la guerrilla.

Su objetivo no solo está relacionado con captar la confianza de los menores y sumarlos a sus filas, pues además del acercamiento presencial, intensifican la presencia en la zona valiéndose de redes sociales como Facebook y TikTok, donde lanzan llamados que buscan captar la atención e influir en adolescentes vulnerables, aprovechándose de sus carencias para involucrarlos en el mundo criminal.

La escasa presencia estatal agrava la situación. Según lo informado por Lina Tabares, representante de la Fundación Territorio de Paz, la institucionalidad no tiene presencia permanente en estos territorios, pues si fuera así no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos: “Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio”, dijo en declaraciones citadas por Blu Radio.

Ante el aumento sostenido de los reclutamientos y la alarma social, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie formalmente los casos, con el fin de evitar que los menores sean reclutados por las disidencias de las Farc que azotan la región.

“Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les dé miedo porque aquí lo que necesitamos es información”, aseguró la mandataria departamental.

A su vez, la comunidad reconoció la persistencia de la ofensiva militar en la zona como un intento por restablecer el control territorial, pero exige garantías de seguridad para poder denunciar sin temor.

Y es que la falta de protección y la ausencia de instituciones mantienen a los menores en una situación de alta vulnerabilidad ante grupos armados, por lo que el llamado de la comunidad está dirigido para que las autoridades refuercen acciones en contra de los grupos criminales.

Incluso, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) reveló que el impacto sobre las víctimas alcanza dimensiones devastadoras: “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida”, declaró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

Cabe mencionar que las autoridades colombianas afirman que la estructura de Iván Mordisco, principal disidencia de las Farc, tiene sus filas compuestas en un 37% por menores de edad.