En medio de la incertidumbre en le país por cuenta del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional y que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al tema.
Según indicó el mandatario en su cuenta de X, en el país se tendría una fórmula ‘errónea’ para determinar el incremento salarial de los trabajadores, lo que impediría que reciban una remuneración justa a sus labores.
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El presidente cuestionó específicamente la medición de la brecha de productividad laboral en Colombia tras la suspensión provisional del decreto de aumento del salario mínimo para 2026.
Según indicó, se están usando factores que son externos a la productividad de los empleados, lo que reduce las posibilidades de un incremento mayor año tras año.
“El peor error de medir la brecha de la productividad laboral en relación al salario mínimo real, creciente en la última década, no está en que se midió la productividad por hora en vez de mensual; está en que se aplica en la última década no solo la productividad laboral, sino el concepto de productividad de todos los factores productivos, incluído la del capital que no existe: la única productividad es la laboral”, señaló Petro.
El presidente argumentó en la red social X que, durante la última década, se han utilizado criterios que permiten traspasar la riqueza generada por los trabajadores a los dueños del capital, bajo la figura de una supuesta “productividad del capital”.
Según su publicación, este método habría permitido una “estafa” contra quienes perciben el salario mínimo, ya que se reduce su aporte real y se construye una “trampa de pobreza”.
“Se han estafado así a los trabajadores de salario mínimo del país, al hacer disminuir su productividad, traspasada como ganancias del dueño del capital, bajo la figura de productividad del capital, o por la cantidad de trabajadores no productivos o de baja productividad sin que sean asalariados. Así se ha construido una trampa de pobreza”, señaló.
Incluso, el jefe de Estado aseguró que muchas de las ganancias de los grandes empresarios no han sido reinvertidas en el país para fortalecer la generación de empleo y la productividad, sino que se han enviado a otros países o inyectado en rentas financieras.
“Las sobre ganancias por la sobreexplotación de los trabajadores en Colombia no se han llevado a disparar la inversión productiva, sino que se han transformado en atesoramiento en paraísos fiscales, en importación de bienes no productivos, en incrementos de rentas financieras”, concluyó Gustavo Petro.
Apenas un día atrás, el Gobierno nacional, representantes empresariales y las centrales obreras colombianas acordaron mantener el incremento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026, tras la intervención del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto correspondiente. La propuesta conjunta será presentada ante el alto tribunal en busca de respaldo legal inmediato.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó el salario vital como “un derecho adquirido por los trabajadores”, destacando una visión compartida de avanzar hacia la equidad y la reducción de brechas sociales en Colombia. Ávila anunció que el Ejecutivo expedirá un decreto provisional para aportar certidumbre durante la revisión judicial e indicó que se efectuarán análisis económicos para responder al Consejo de Estado, que suspendió inicialmente el decreto del salario mínimo.
Entre los argumentos defendidos por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacan la necesidad de proteger el poder adquisitivo y garantizar derechos laborales esenciales.
“El Gobierno va a defender el salario vital”. Agregó que la suma ya fue incorporada en los gastos e ingresos familiares del país y reiteró que empresarios y sindicatos coinciden en considerar “equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7 %”, señaló Sanguino.
La discusión, según el ministro, integra aspectos clave como la protección especial al trabajo, la función social de la empresa y el cumplimiento de los fines constitucionales fijados para la política salarial, descartando cualquier referencia externa al marco constitucional colombiano.
En el ámbito político, Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a respaldar el ajuste con movilizaciones públicas, citando criterios técnicos y sociales como base de la decisión. El Ejecutivo enfatizó que mantendrá la defensa del salario vital durante la revisión judicial y acatará los fallos legales, con el objetivo de garantizar estabilidad a los asalariados y evitar alteraciones en el mercado laboral.
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