Una denuncia avalada por el Ministerio de Defensa ante la Fiscalía ha revelado presuntas irregularidades en la compra de repuestos usados y sin certificación de originalidad para vehículos blindados tácticos donados por Estados Unidos al Ejército Nacional de Colombia.
La investigación, dada a conocer por Semana a partir de documentos oficiales y expedientes internos, indica que estas acciones han puesto en riesgo la operatividad de las unidades y comprometido la seguridad de los soldados encargados de operar estos equipos.
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Los vehículos blindados tácticos involucrados, manufacturados por Cadillac Gage Textron INC., llegaron a Colombia desde 2021 como parte de donaciones en el marco del proyecto Parma, incluidas remesas recientes en Tolemaida.
Según el medio mencionado, los documentos que sustentan la denuncia detallan que el Ejército Nacional adquirió dos transmisiones hidráulicas con más de 30 años de uso, así como motores de arranque fabricados antes de abril de 2008, ninguno de ellos con la certificación de originalidad de fábrica requerida para estos componentes críticos.
De acuerdo con los reportes de inspección militar a los que accedió el medio, la última transmisión hidráulica de la referencia 23014434 fue vendida por ALLISON TRANSMISSION INC. el 30 de junio de 1987. Los motores de arranque proveídos por ROLLS-ROYCE SOLUTION AMERICA INC. presentan registros previos a abril de 2008.
“Se evidenció que el componente no es nuevo y no tiene ninguna certificación de originalidad de fábrica”, advierten los documentos internos citados.
Estos repuestos se adquirieron por contrato y fueron entregados sin la documentación técnica que respaldara su estado ni su trazabilidad. El informe ejecutivo, fundamento de la denuncia, detalla que se recibieron “componentes con números de parte de casas fabricantes sin ninguna certificación y autorización, generando dudas sobre su procedencia”.
Según la documentación y testimonios recogidos por el medio ya citado dicho procedimiento representa un “riesgo significativo para la operatividad de los equipos de guerra” y deja a los soldados expuestos ante posibles fallos mecánicos en operaciones.
Las inspecciones internas también revelaron que personal sin formación técnica especializada avaló por escrito el cumplimiento de normas y especificaciones en procesos de contratación.
En uno de los contratos revisados, la persona responsable del aval técnico era una profesional en administración de empresas, sin los conocimientos necesarios para respaldar criterios de evaluación técnica.
Esta falta de idoneidad generó deficiencias en la recepción y control de repuestos esenciales, incumpliendo las obligaciones de gestión eficiente y transparente establecidas en la Ley 1474 de 2011. Como apunta la documentación consultada, persisten vacíos en la supervisión y control técnico de los contratos.
Frente a las irregularidades expuestas, el Ejército Nacional informó a Semana que la Dirección de Adquisiciones, tras recomendaciones de la inspección militar, decidió implementar una “estrategia de compra directa con distribuidores autorizados por la casa fabricante en los Estados Unidos”, con el fin de garantizar la integridad técnica,
La trazabilidad de los componentes y contar con respaldo de garantía. Adicionalmente, la institución indicó que se solicitó al Comando Superior gestionar un acuerdo Gobierno a Gobierno bajo el mecanismo de ventas militares al extranjero, lo que permitiría una fiscalización más estricta sobre la procedencia y la calidad de los repuestos adquiridos.
El Ejército aseguró que esta política de compras internacionales se ha extendido a la mayoría de adquisiciones con proveedores extranjeros, buscando mayor transparencia y calidad en la cadena de suministros.
Por recomendación de las autoridades de control interno, se exhortó además a revisar y reforzar los procesos de adquisición y mantenimiento para el periodo 2025, con el objetivo de optimizar la operatividad militar y enfrentar las debilidades detectadas en la supervisión contractual.
Durante la supervisión efectuada a estas adquisiciones, la Contraloría General de la República realizó control fiscal sobre los contratos entre 2020 y 2023, sin emitir hallazgos formales de irregularidades, según reportó la Dirección de Adquisiciones.
No obstante, los expedientes muestran que persisten problemas relacionados con la insuficiente idoneidad técnica de quienes avalan las compras y con la ausencia de controles efectivos, lo que ha facilitado que componentes sin garantía ni certificación terminen instalados en equipos militares clave.
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