Un total de 30 organizaciones de la sociedad civil, articuladas en la Alianza por la Democracia, lanzaron una alerta pública sobre el grave riesgo que enfrenta el proceso electoral en Colombia debido a la expansión de la violencia política y el control territorial de grupos armados ilegales en amplias zonas del país.
Según advirtieron, más de 300 municipios presentan niveles de riesgo que podrían afectar el desarrollo libre, transparente y seguro de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para este año.
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En un comunicado conjunto fechado el 12 de febrero de 2026 en Bogotá, las organizaciones hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas y sistemáticas que garanticen la protección de candidatos, votantes y autoridades electorales.
Aseguraron que la violencia ya está incidiendo en el curso de la contienda democrática y que la falta de respuesta efectiva del Estado podría agravar la situación en las próximas semanas.
La alerta se basa en informes recientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Human Rights Watch, entre otras entidades.
De acuerdo con datos citados por la MOE, 339 municipios del país —casi un tercio del total— enfrentan riesgos asociados a violencia que podrían impactar el proceso electoral. En 171 de esos territorios se advierte un riesgo combinado de violencia y fraude, mientras que en 81 la situación ha sido catalogada como de riesgo extremo.
Según el análisis conjunto de la Registraduría, la Defensoría, la Policía Nacional y la Fiscalía General, en más de un centenar de municipios la presencia y expansión de grupos armados ilegales representan una amenaza directa al normal desarrollo de las elecciones. Para las organizaciones firmantes, este panorama confirma que el 2025 fue un año crítico en términos de orden público, con un deterioro sostenido en varias regiones del país.
El pronunciamiento también recoge las advertencias de Human Rights Watch en su informe mundial de 2025, en el que señaló que Colombia vivió una de las peores crisis humanitarias de la última década.
La organización atribuyó esa situación a los abusos cometidos por grupos armados ilegales, las limitaciones en el acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza en diversas zonas rurales. En este contexto, las próximas elecciones se desarrollan bajo una presión adicional que, según la Alianza, compromete la integridad del proceso democrático.
Las organizaciones señalaron que la violencia política no es un riesgo abstracto, sino una realidad que ya ha impactado campañas y liderazgos. Recordaron el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay el año pasado, hecho que calificaron como una mancha indeleble en el actual ciclo electoral.
A este caso se suman ataques contra sedes y piezas publicitarias de campañas en regiones como el Catatumbo, donde, según medios regionales, el ELN habría anunciado la prohibición de cualquier tipo de publicidad electoral.
También mencionaron el atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca, el secuestro de la senadora Aída Quilcué y la imposición de toques de queda por parte de grupos armados en distintas zonas del país.
Para las organizaciones, estos hechos demuestran que la violencia está condicionando la competencia política, restringiendo la movilidad de candidatos y generando temor entre la ciudadanía.
Además del riesgo físico, el comunicado advierte sobre el impacto de la violencia en el discurso público y la proliferación de noticias falsas en medio de la campaña. La Defensoría del Pueblo ha alertado que estos fenómenos pueden erosionar la confianza en las instituciones y distorsionar la deliberación democrática en un momento crucial para el país.
Frente a este escenario, la Alianza por la Democracia sostuvo que es responsabilidad del Gobierno nacional corregir la situación y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos sin intimidaciones ni amenazas.
Las organizaciones insistieron en que la expansión del control territorial por parte de actores armados ilegales no solo compromete la seguridad, sino que pone en entredicho la posibilidad misma de que la democracia colombiana se desarrolle sin la sombra de la violencia y la ilegalidad.
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