Las mansiones, vehículos de lujo, caballos de paso fino y obras de arte que alguna vez pertenecieron a los líderes del cartel de Cali terminaron como ruinas y escombros tras más de tres décadas de la caída de esa organización.
El deterioro de estos bienes, incautados por el Estado colombiano durante la lucha contra el narcotráfico, refleja un modelo fallido de gestión y protección. La ambición de quienes buscaron caletas y la falta de una política clara permitieron que miles de propiedades quedaran abandonadas y destruidas, mientras el Estado fue incapaz de garantizar su seguridad o darles un uso productivo.
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El Estado, superado por la magnitud del desafío
En los años 90, cuando se intensificó la ofensiva contra los carteles de la droga, fiscales y jueces enfrentaron problemas logísticos y legales para administrar un número creciente de bienes incautados.
Inicialmente, se trataba de un puñado de propiedades; hoy, la cifra supera las 36.000, según datos oficiales citados por El País. Eduardo Castillo, exfiscal de la época, explicó que el Estado colombiano “no fue creado para administrar ni para hacer producir bienes”, y que la estructura institucional resultó insuficiente para el reto.
En ese contexto, fiscales conocidos como “sin rostro” se vieron obligados a realizar tareas ajenas a su función, como alimentar caballos o cotizar mantenimientos de autos importados. La presión era tal que debían asegurar el buen estado de los bienes, ya que, si un investigado resultaba absuelto, el Estado debía devolver los activos en las mismas condiciones, bajo riesgo de demandas patrimoniales contra los propios funcionarios.
El abandono y la búsqueda de caletas aceleraron el deterioro
La ausencia de vigilancia y el abandono estatal convirtieron muchas de las propiedades en blanco de saqueos. Cazadores de tesoros rompieron paredes y pisos en busca de supuestas caletas de dinero y oro que los capos habrían dejado ocultas. Diego Luis Sánchez, analista consultado por el medio citado, estimó que vigilar todos los bienes incautados costaría al Estado más de $360.000 millones mensuales, una cifra inasumible para el presupuesto público.
Como resultado, los caballos de paso fino terminaron muriendo de forma anónima, algunos convertidos en animales de carga en mercados urbanos. Las casas de lujo, como la del extinto Hélmer Herrera cerca del Lago Calima, o la réplica del Club Colombia que construyó José Santacruz, permanecen ocultas entre la maleza o reducidas a ruinas.
La corrupción y la falta de política agravan el problema
El modelo de asignación provisional de bienes, que buscaba entregar la custodia a fundaciones u organizaciones, pronto se vio permeado por la corrupción. Jueces, fiscales, familiares y políticos ocuparon mansiones de los capos pagando alquileres irrisorios, intentando luego apropiarse de ellas.
Según El País, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), encargada originalmente de esta tarea, fue liquidada en 2010 tras múltiples escándalos y sustituida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aunque el problema de fondo persiste.
Willy Valdivia, experto en inteligencia artificial y seguridad, señaló a ese medio que gran parte de los narcotraficantes siguen ejerciendo control efectivo sobre propiedades incautadas, a pesar de que en los registros figuren bajo custodia estatal. En ciudades como Cali, donde se concentra más del 35% de los bienes confiscados, cada barrio tiene en promedio dos o tres propiedades abandonadas bajo la administración de la SAE.
Un sistema que acumula deudas y multiplica costos
El modelo colombiano de administración de bienes incautados resulta lento, costoso y susceptible a la corrupción. Felipe Tascón Recio, economista y doctor en ciencia política, explicó que la acumulación de activos en manos de la SAE generó deudas prediales millonarias, solo en Cali ascienden a cerca de un billón de pesos en el último lustro.
Vehículos incautados terminan convertidos en chatarra bajo el sol y la lluvia mientras el Estado paga estacionamientos privados, y empresas decomisadas quedan bajo control de particulares con escasa supervisión.
Según Tascón, la única salida viable sería la monetización inmediata de los bienes incautados, siguiendo modelos más eficientes como el de Uruguay, donde la ley obliga a rematar los activos a los seis meses de la incautación si el afectado no demuestra su buena fe. Los fondos recaudados se depositan de forma que no pierdan valor y, si el fallo judicial favorece al Estado, se destinan a programas sociales.
La falta de voluntad política impide soluciones duraderas
A pesar de los diferentes intentos institucionales, expertos y exfuncionarios coinciden en que el Estado colombiano no ha mostrado la voluntad política necesaria para reformar de fondo el sistema.
Un exdirector de la SAE afirmó a El País que “el modelo fue diseñado para que no funcionara”, y que existen ejemplos exitosos en América Latina que podrían adaptarse en Colombia.
El volumen y el valor de los bienes incautados al narcotráfico continúan creciendo, mientras la administración estatal resulta cada vez más costosa e ineficaz. Las ruinas de las antiguas mansiones, vehículos arruinados y empresas vacías se han transformado en símbolos del fracaso del Estado para convertir el botín del crimen organizado en activos útiles para la sociedad.
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