
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió públicamente al fallecimiento de un menor de edad con hemofilia, que no recibió su tratamiento durante varios meses.
Marín afirmó que el niño fue “víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud”.
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El caso ha generado atención sobre los obstáculos que enfrentan los pacientes para acceder a servicios y medicamentos en el sistema de salud colombiano.
La situación de Kevin Arley Acosta fue reportada por la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer). Según esta organización, el menor estaba afiliado a la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Desde el 12 de diciembre de 2025, Kevin no contaba con una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) asignada, lo que impidió la entrega del medicamento esencial para el manejo de su condición.
Yudy Katerine Pico, madre del menor, responsabilizó a la Nueva EPS por la muerte de su hijo. En una declaración a Noticias RCN, Pico sostuvo: “La EPS se encargó de matarme a mi hijo, como está matando mucha gente”.
La defensora Marín indicó las múltiples dificultades que enfrentó la familia del menor para acceder a atención oportuna.
“Su mamá tuvo que atravesar múltiples barreras para que lo atendieran. Y cuando finalmente lo logró, el estado de salud de Kevin ya era crítico”, indicó en su pronunciamiento oficial.
En su declaración, la Defensora del Pueblo remarcó que los conflictos relacionados con las reformas al sistema de salud no deben justificar retrasos o incumplimientos en la atención a los pacientes. “Los pulsos de poder por las reformas y transformaciones del sistema de salud, no pueden ser una excusa para que el sistema cumpla sus responsabilidades”, aseveró Marín.
La funcionaria hizo un llamado a la reflexión para todos los actores del sistema de salud, incluyendo al Ministerio de Salud, proveedores de medicamentos y responsables de la atención.

“Cada persona que hace parte del sistema de salud —desde el Ministerio de Salud hasta los proveedores de medicamentos y los distintos actores de la atención— debe hacer una reflexión profunda sobre cómo su tarea diaria contribuye con la garantía de una atención en salud plena y digna de cada paciente que requiere una atención. Los niños y las niñas son sujetos de especial protección constitucional. Sus derechos no admiten demoras ni excusas”, puntualizó.
Iris Marín expresó acompañamiento a la familia del menor. “Acompañamos a la mamá de Kevin en este momento de profundo dolor”, concluyó la defensora en su pronunciamiento.
El movimiento Pacientes Colombia, que reúne a más de 200 organizaciones de usuarios, también se pronunció sobre la situación.

En una publicación en sus redes sociales, el movimiento afirmó: “Kevin no murió, la muerte de Kevin es una muerte evitable. Kevin murió por abandono de @NuevaEPS_. Kevin es una de las miles de víctimas de la crisis creada por el gobierno. Kevin murió por abandono del gobierno de @petrogustavo”.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras lamentó el fallecimiento e hizo un llamado a las entidades responsables para que asuman sus obligaciones y tomen medidas que garanticen la atención adecuada a niños con enfermedades de alto costo y baja prevalencia.
En su comunicado oficial, la federación declaró: “Cuando un tratamiento vital no llega a tiempo, no es solo una falla administrativa; es una vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida. Ningún niño debería esperar por un medicamento que representa su oportunidad de vivir. Hoy es urgente que las entidades responsables, incluida @NuevaEPS_, den respuestas claras, asuman responsabilidades y adopten medidas efectivas para evitar que más familias enfrenten tragedias prevenibles”.
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