El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se pronunció sobre la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica que estableció el Gobierno nacional, en aras de hacer frente a las emergencias que se están presentando en varias zonas del país derivadas de la ola invernal. La declaratoria acoge a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
“El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”, se lee en el documento.
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En su momento, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, informó que la administración expediría el decreto de emergencia y que, bajo esta declaratoria, sacaría otro decreto para establecer un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Estos recursos recaudados servirían para atender las emergencias invernales.

De acuerdo con Mac Master, la solución a estas problemáticas que se están registrando no recae en una declaratoria de emergencia económica –con la que la administración Petro espera recaudar $8 billones–. A su juicio, la situación debe ser atendida de manera inmediata, con el dinero que ya se tiene y con las entidades que son responsables de responder ante estas emergencias.
El líder gremial enfocó su crítica al establecimiento del impuesto al patrimonio que anunció Ávila. Advirtió que este gravamen afectará a las personas que tienen empresas y a los trabajadores del país, impactando directamente la generación de empleo en Colombia. A su juicio, este impuesto constituye un tributo a la inversión y, por tanto, es antitécnico.
“Si usted tiene patrimonio en Colombia, si usted tiene una compañía y usted ha hecho inversión en Colombia, en donde ha tratado de tener más activos que pasivos y, por lo tanto, es una compañía sana, usted se está encontrando con que el Gobierno lo va a gravar, se está encontrando con que el Estado colombiano le va a generar un impuesto”, explicó.

Contrario a esto, aseguró que los mismos mandatarios locales de los departamentos, municipios y ciudades afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones dieron a conocer propuestas de financiación que permitirían a las autoridades actuar inmediatamente. Una de ellas es tomar los recursos de las regalías que no han sido ejecutadas y que están a disposición de los departamentos y de los órganos colegiados de administración y decisión (Ocad).
También expusieron como alternativa utilizar parte del dinero que hay en el Fondo de Pensiones y Cesantías de los Empleados Públicos Territoriales (Fonpet) y, de esta manera, atender efectivamente y con rapidez todas las emergencias que se están registrando en el territorio nacional.
Recordó, además, que en Colombia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es la entidad encargada de responder ante estos casos y de tomar acciones contundentes para proteger a la población. Esto, sin que se requiera de la imposición de tributos para la ciudadanía.

Sin embargo, indicó que en este caso hay un escándalo de corrupción que permea el accionar de la entidad y que involucra a exfuncionarios del mismo Gobierno. La situación derivó en la desfinanciación de la Unidad.
“El Gobierno ha tratado de separarse de esos casos de corrupción, pero tiene una responsabilidad grande en términos de los altos funcionarios que han sido parte de su Gobierno, nombrados por el Gobierno, y también han manejado los recursos que han terminado dilapidándose y perdiéndose”, indicó el presidente de la Andi.
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