Uspec respondió a denuncias por irregularidades en la atención en salud de los reclusos: “El déficit viene desde 2020 y es estructural”

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) se pronunció frente a las advertencias recientes sobre posibles riesgos en la atención en salud de la población privada de la libertad, en un contexto marcado por alertas de la Defensoría del Pueblo y por una denuncia del Ministerio de Salud y Protección Social ante organismos de control.

En un comunicado oficial, la entidad expuso precisiones técnicas, presupuestales y jurídicas sobre el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y defendió su actuación dentro del marco normativo vigente.

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Según la Uspec, su gestión se ha ajustado a las obligaciones legales relacionadas con la garantía del derecho fundamental a la salud de la población recluida.

Presupuesto, pasivos y auditoría del fondo

En materia presupuestal, la Uspec indicó que la planeación anual del fondo se realiza con base en criterios históricos y técnicos. Señaló además que, aunque la socialización del presupuesto ante el Consejo Directivo no pudo realizarse en los tiempos previstos por cambios en las carteras de Justicia y Salud que impidieron conformar cuórum, el presupuesto para la vigencia 2026 sí fue presentado en distintas sesiones del Consejo Directivo.

Respecto a los pasivos acumulados y a la deuda con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la entidad afirmó que la prestación del servicio de salud debe garantizarse por mandato legal incluso en ausencia de apropiaciones previas, al tratarse de derechos fundamentales. En esa línea, explicó que la auditoría de cuentas médicas cuenta con certificación y que los soportes han sido expuestos ante el Consejo Directivo.

Sobre el déficit reportado ante la Adres, la Uspec sostuvo que corresponde a “un déficit estructural de recursos que el Fondo viene arrastrando desde el año 2020”, originado en la falta de asignación completa de recursos por parte del Gobierno nacional frente a la demanda real de servicios para la población intramural.

Contratos y modelo de salud

La entidad también abordó cuestionamientos relacionados con la afiliación al sistema de salud. Señaló que carece de competencia legal para determinar la afiliación o desafiliación al régimen subsidiado, función que —de acuerdo con la Ley 1122 de 2007— corresponde a entidades territoriales y a los organismos rectores del sistema de salud.

En cuanto a la contratación, la Uspec afirmó que en el Contrato 145 de 2019 no existió detrimento patrimonial por $81.000 millones, pues la Fiduprevisora, como agente liquidador, determinó que esos recursos no fueron requeridos al Estado ante la ausencia de obligaciones pendientes, lo que se tradujo en un superávit para el fondo. Añadió que las dificultades en la liquidación técnica se relacionaron con los plazos legales de facturación de las instituciones prestadoras de salud, que pueden extenderse entre tres y cinco años.

Sobre el Contrato 059 de 2023, precisó que su ejecución terminó el 30 de abril de 2024 y que la entidad se encuentra dentro de los términos legales para su liquidación, por lo que descartó omisiones en ese proceso.

Frente a la reformulación del modelo de salud ordenada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023, la Uspec indicó que el informe de consultoría contratado por el fondo —y no por la entidad— recoge hallazgos de organismos de control que atribuyen la problemática a factores estructurales y financieros externos. También aclaró que la directriz para verificar la viabilidad de contratar a la Nueva EPS como operador único se impartió en enero de 2026 y se limitó a la realización de estudios técnicos, jurídicos y logísticos aún en ejecución.

El pronunciamiento de la Uspec se produce mientras la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos asociados a la transición hacia un operador único en salud para más de 100.000 personas privadas de la libertad, señalando la necesidad de estudios técnicos que garanticen continuidad en tratamientos, suministro de medicamentos y oportunidad en la atención.

De manera paralela, el Ministerio de Salud informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía, con copia a la Procuraduría y la Contraloría, por presuntas irregularidades en la administración de recursos y en la prestación de servicios del Fondo PPL.